La decisión del tribunal australiano supone la primera a nivel mundial en la que se ha decidido sobre el comportamiento de un banco de inversión, tanto desde un punto de vista ético como legal. La compensación definitiva aún no ha sido establecida.
El juez Steven Rares acusa a la entidad, anteriormente denominada Grange Securities, de no cumplir con su deber de dar un sólido asesoramiento financiero a sus clientes y actuar en su propio beneficio para lograr honorarios y beneficios muy grandes. "Grange es responsable de compensar a los ayuntamientos por las perdidas en las que incurrieron con consecuencia de sus inversiones", señala.
La demanda colectiva estaba compuesta por 72 ayuntamientos e instituciones de caridad que adquirieron productos financieros denominados SCDOs al banco de inversión estadounidense. Los afectados alegaron conducta engañosa, incumplimiento de contrato, incumplimiento de deber fiduciario y negligencia y reclamaban 250 millones de dólares (192 millones de euros) en compensación por las pérdidas sufridas.
El juez Rares incide además en la naturaleza de alto riesgo de estas inversiones describiéndolas como "no adecuadas" para clientes con aversión al riesgo como son los ayuntamientos. "Los SCDOs no tenían un alto nivel de seguridad para el capital invertido, no eran fácilmente negociables en un mercado secundario establecido o susceptibles de ser fácilmente liquidados en efectivo", explica.
Asimismo, también constata la "negligencia" de Grange al recomendar y asesorar estas inversiones que suponen una exposición a deuda estadounidense de alto riesgo como hipotecas, préstamos para la adquisición de vehículos o deuda de tarjetas de crédito.