"Hubo mal manejo económico, de estafa al Estado", indicó este domingo el procurador general del Estado, Héctor Arce, en declaraciones a la televisión pública 'Bolivia TV' recogidas por el diario boliviano 'La Razón'.
"Ahí por supuesto nuestra posición es absoluta, es clara, firme y si tenemos que ir hasta el fin del mundo, recurrir a todos los recursos, lo vamos a hacer", indicó Arce. "Vamos a hacer prevalecer los intereses del Estado", añadió.
El presidente boliviano, Evo Morales, anunció en febrero de 2013 la nacionalización de la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA), filial de las españolas Abertis y Aena, que pasó así a depender del Ministerio de Obras Públicas del país andino.
Según indicó entonces el el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, SABSA había incumplido con el proceso de inversión acordado con el Gobierno boliviano.
En septiembre de 2013, Morales ya había asegurado que Bolivia no se planteaba compensar al grupo de concesiones español Abertis por la nacionalización de los aeropuertos que esta empresa gestionaba en el país.
Abertis había estimado en unos 90 millones de dólares (unos 68 millones de euros) la "justa compensación" que le correspondía por la decisión del Gobierno boliviano de expropiar Sabsa.