El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el socialista francés Pierre Moscovici, ha considerado "inaceptable" que cada año las arcas públicas de los Estados miembros dejen de ingresar "miles de millones de euros con los que se podría financiar servicios públicos como escuelas y hospitales".
El objetivo de la propuesta --que requiere el visto bueno del Parlamento Europeo y el apoyo unánime de los Veintiocho para ser una realidad-- es crear un sistema fiscal "más justo, transparente y eficiente", que se aplique de manera igualitaria a empresas y contribuyentes y aplique los estándares pactados en la OCDE.
Las empresas europeas hacen frente a una presión fiscal un 30 % mayor que las multinacionales en la UE por la transferencia de beneficios, según ha asegurado Moscovici, que se ha quejado de que ciertos países ofrezcan regímenes fiscales que permiten estas diferencias.
"Lo que unos no pagan, recae sobre los demás", ha criticado, tras recordar que los 70.000 millones anuales en que ha cifrado el lucro cesante el Parlamento Europeo en sus estudios es cinco veces más de lo que la UE ha dedicado hasta ahora a la crisis de refugiados.
Por ello, el Ejecutivo comunitario apuesta por una estrategia "coordinada" a escala europea, con la que evitar que se apliquen 28 sistemas en 28 países diferentes, y subraya la necesidad de aumentar la transparencia.
El paquete de medidas, sin embargo, no incluye ninguna para crear una base común consolidada del impuesto de sociedades, idea a la que se resisten varias capitales, pero que Moscovici ha dicho que quiere "reimpulsar" con una propuesta específica este año.
NORMAS VINCULANTES Y LISTA DE PARAÍSOS FISCALES
Las propuestas contra el fraude y la evasión fiscal incluye una directiva para asegurar normas "jurídicamente vinculantes" contra los métodos utilizados con más frecuencia por las grandes empresas para evadir el pago de impuestos en países en los que tienen actividad, como la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, al tiempo que ofrece recomendaciones a los gobiernos para evitar "abusos".
Otra de las claves será la obligación de informar a las autoridades de cada país de los ingresos que genera en su territorio y lo que tributa, lo que permitirá "cruzar" las declaraciones de las empresas entre los Estados miembros.
Moscovici ha matizado que esta rendición de cuentas no se hará pública, pese a las exigencias de grupos de interés, si bien ha apuntado que es favorable a una mayor transparencia y que va a realizar una evaluación de riesgo para determinar si levantar el secreto sobre esos datos podría dañar la competitividad de las empresas.
Así, el comisario ha asegurado que mantendrá un enfoque "pragmático" y que Bruselas volverá en "primavera" con una propuesta sobre transparencia, una vez se valore si elevarla puede resultar "hostil" a la competencia. "Iremos más lejos si vemos que no daña la competencia de nuestras empresas, esperaremos a conocer la evaluación de impacto", ha explicado.
Finalmente, el Ejecutivo comunitario plantea un nuevo método basado en tres fases para elaborar una "lista de terceros países" que se nieguen a "jugar limpio" y actúen como paraísos fiscales.