La Comisión Europea ha ratificado este viernes que las ventajas fiscales que Holanda concede a la cadena de cafeterías estadounidense Starbucks, mediante un acuerdo tributario específico, podrían constituir ayudas públicas ilegales. Bruselas da un mes de plazo a las autoridades holandesas para enviarle más información y, si se confirma su evaluación preliminar, podría exigir el reembolso de estas ayudas.
El Ejecutivo comunitario ha publicado este viernes la versión no confidencial (de 40 páginas) de su decisión de investigar las ayudas de Holanda a Starbucks, que se aprobó el pasado mes de junio. Precisamente, la decisión, firmada por el ex comisario Joaquín Almunia, iba dirigida a Frans Timmermans, que entonces era ministro de Exteriores holandés y ahora es vicepresidente de la Comisión.
La publicación se produce tras el estallido del caso Luxleaks, que ha revelado que Luxemburgo firmó -cuando el actual presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, era primer ministro- alrededor de 340 acuerdos con multinacionales como Pepsi, Ikea o Burberry para permitirles minimizar el pago de impuestos en perjuicio de otros Estados miembros. Bruselas investiga dos de estos acuerdos (con Fiat y Amazon) y se ha comprometido a concluirlos, al igual que el de Starbucks y el de Apple en Irlanda, en primavera de 2015.
Según la evaluación preliminar del Ejecutivo comunitario publicada este viernes, con el acuerdo fiscal que aplican a la cadena de cafeterías desde 2008, "las autoridades holandesas confieren una ventaja a Starbucks" que "debe considerarse selectiva" puesto que tiene como resultado "reducir la carga fiscal de las empresas afectadas en comparación con otras en la misma situación legal y de hecho".
Por ello, Bruselas señala que esta medida "parece constituir ayuda de Estado". "En esta fase, la Comisión no tiene ninguna indicación de que la medida contestada pueda considerarse compatible con el mercado interior", apunta la decisión publicada.
"La Comisión considera que la medida en cuestión parece constituir una reducción de las cargas que normalmente deberían ser asumidas por las empresas afectadas en sus negocios y por tanto debe considerarse una ayuda operativa", resalta.
El texto de la decisión se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de la UE, lo que abrirá también un plazo de un mes para que todas las partes interesadas hagan llegar sus observaciones a Bruselas.