La Cámara de Comercio de España ha enviado a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre un documento con medio centenar de propuestas para favorecer al tejido empresarial español que se articulan en torno a cuatro pactos de estado: por la competitividad, por el empleo, por la energía y por la unidad de mercado.
En el documento, que recoge Europa Press, el organismo recuerda que "mantener la estabilidad política y social" tras las elecciones "más trascendentes" de la historia reciente del país es "condición básica" para que las empresas generen actividad y empleo.
Por eso, es fundamental alcanzar pactos de estado que "conciten el consenso mayoritario en ámbitos clave para el futuro a largo plazo", y que dichos acuerdos no se queden en "mera retórica o imagen" sino que encuentren su "materialización real y con rapidez".
TRABAJAR POR LAS PYMES
En este sentido, aportan una serie de medidas que podrían incluirse en esos acuerdos de estado. En primer lugar, en relación con la competitividad del país, la Cámara recuerda que el 99% del tejido empresarial español está constituido por pymes, que aportan más de la mitad de los puestos del trabajo del país.
Por eso, considera que cualquier reforma que se lleve a cabo debe tener en cuenta a este colectivo, "suficientemente relevante y amplio" como para contar con un "marco especial adaptado" a sus características y necesidades.
En concreto, se propone simplificar los procedimientos de constitución y crecimiento de las empresas aprovechando los trámites telemáticos, impulsar servicios de información, orientación, asistencia técnica y acompañamiento para mejorar la supervivencia de las pequeñas empresas; y favorecer las integraciones mediante consorcios, acuerdos de cooperación y otros incentivos para favorecer las operaciones de internacionalización o innovación.
También se les debería prestar más apoyo en los momentos de relevo generacional con ayudas personalizadas para hacer planes estratégicos, habría que suprimir los umbrales fiscales, medioambientales, laborales o societarios que frenan el aumento de tamaño de las pymes; e igualmente deberían revisarse y simplificarse los trámites administrativos, generalizando las ventanillas únicas, y las exigencias tributarias que deben cumplir.
DIGITALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
Además, la Cámara subraya la necesidad de diseñar políticas para que estas empresas se digitalicen y aprovechen los nuevos canales de comercio electrónico, tanto para comprar como para vender; de impulsar el arbitraje y la mediación ante los conflictos, y de potenciar y favorecer vías de financiación específicas como el capital riesgo, los fondos de capital semilla o las líneas de avales y garantías públicas, entre otros.
Y en cuanto al refuerzo del apoyo a la internacionalización, la Cámara plantea la posibilidad de crear una plataforma de gestión conjunta de instrumentos financieros, impulsar la diplomacia económica, apoyar la participación de las empresas españolas en licitaciones internacionales y concluir "a la mayor brevedad" la negociación del acuerdo de libre comercio UE-Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés).
MENOS TIPOS DE CONTRATOS
En cuanto al pacto de estado por la formación y el empleo, la Cámara de Comercio pide simplificar los tipos de contratos y el sistema de incentivos, impulsar una reforma efectiva de la formación profesional siguiendo el modelo alemán de formación dual para eliminar su estigmatización y aumentar la interrelación universidad-empresa con plataformas de intercambio de información.
De hecho, cree que habría que fomentar la vocación emprendedora en todos los ciclos formativos, incluyendo en ellos también nuevas habilidades formativas --tecnologías, capacidad de hablar en público, idiomas, trabajo en equipo, dirección, etc.--; crear programas específicos de capacitación para jóvenes y parados de larga duración y promover la formación continua de los trabajadores.
El objetivo de este pacto de estado, en última instancia, debe ser reducir el paro, mejorar la estabilidad laboral, aumentar la calidad de la enseñanza primaria, reducir de forma sustancial el fracaso escolar, potenciar la formación profesional y conseguir un sistema universitario de excelencia académica que interactúe más con el mundo empresarial.
UNIDAD DE MERCADO
En cuanto al pacto de estado por la unidad de mercado, debe pasar por garantizar el cumplimiento de la ley que aprobó el Gobierno en 2013 y por articular nuevas "medidas y foros" donde discutir cómo reducir costes. Además, la institución extiende esta petición al ámbito comunitario, incluyendo sectores como el de la energía.
En este sentido, se reclama un "debate público sin limitaciones ideológicas" sobre el modelo que necesita España en aras a diseñar un nuevo Plan Energético Nacional que planifique de forma integral y a largo plazo el sector, tanto en el ámbito del mix energético como en las medidas ante el cambio climático --analizando el impacto de los nuevos objetivos de CO2 y las posibles deslocalizaciones que pueda provocar-- o el fomento de la eficiencia y el ahorro.
En concreto, se plantean campañas de concienciación ciudadana, auditorías a pymes, asesoramiento personalizado y un análisis coste-beneficio a la hora de fomentar unas tecnologías u otras. De hecho, se pide también una nueva estrategia de impulso de las renovables que tenga en cuenta tanto criterios medioambientales como económicos.
La Cámara propone asimismo establecer "zonas de autorización rápida" donde haga mucha falta hacer infraestructuras energéticas, fijar plazos máximos para tramitar autorizaciones e incentivar a las empresas de sectores o polígonos concretos a crear centrales de compra de energía.
SECTOR PÚBLICO
Reducir la morosidad, tanto pública como privada, y continuar luchando contra la corrupción --con más formación para los funcionarios, sanciones más duras, y más autonomía y competencias para la Agencia de Evaluación y Calidad de los Servicios (AEVAL)-- serían otras medidas a adoptar; e incorporar en la normativa una estimación del coste económico para las pymes
Por otra parte, reclama un programa de racionalización de la estructura del sector público, con un "claro marco competencial" entre administraciones, eliminando solapamientos de servicios y reduciendo empresas públicas, sobre todo autonómicas y locales, para que no intervengan en sectores donde hay suficiente actividad privada.