Esta fue una de las 132 propuestas que apoyó durante la presentación del documento elaborado por 86 Cámaras de Comercio el pasado mes de mayo y que incluye medidas estructurales, fiscales, laborales y financieras.
Gómez Navarro exigió al Gobierno "no perder un minuto más" para "rebajar el coste del empleo" y emprender una reforma laboral que incluya nuevas medidas fiscales, nuevos tipos de contratos y más flexibilidad funcional, geográfica y horaria.
Señaló que estas reformas, junto con otras de carácter financiero y estructural, "exigirán sacrificios y esfuerzos para todos", aunque apuntó que son "esenciales" para salir de la crisis y ganar en competitividad.
En este sentido, dijo que hay que actuar con "urgencia y firmeza" porque ante el "dramático" cuadro macroeconómico presentado por el Ejecutivo las medidas adoptadas hasta la fecha "son paliativas pero no determinantes".
Alertó del "agujero" del déficit público del Estado ante el aumento del gasto y consideró "medidas insuficientes" las recientes subidas de los impuestos sobre hidrocarburos y tabaco, por lo que previó que el Ejecutivo vuelva a actuar sobre el marco fiscal en los próximos meses.
Al respecto, apoyó un aumento del IVA en torno a dos puntos y una reducción de las cotizaciones entre tres y cinco puntos porcentuales para compensar la caída de ingresos.
También apoyó el aplazamiento temporal del pago de impuestos, la desaparición del gravamen de operaciones societarias y la reducción del impuesto que grava los beneficios empresariales.
Asimismo, Gómez Navarro criticó la dificultad que siguen teniendo las pymes para acceder a los créditos e instó a la creación de un Plan de Reestructuración del sistema financiero que permita la recapitalización y no vaya dirigido a empresas individuales.
Reiteró la necesidad de un Fondo o Aval estatal contra la morosidad de las Administraciones Públicas y la modificación de la legislación sobre morosidad para garantizar y reducir los plazos de cobro en las transacciones comerciales.
De la misma forma, insistió en simplificar las condiciones de acceso a las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y en promover programas de impulso a la comercialización de viviendas para sacar al mercado el excedente actual.
Por su parte, el ex ministro de Administraciones Públicas y diputado del PSOE Jordi Sevilla, que participó en el acto de presentación de esta propuestas, compartió el documento porque es "valiente" y favorece un nuevo modelo económico.
Sevilla apoyó una reforma de las Administraciones Públicas que sea "menos intervencionista y desconfiada" y coincidió en que sería "bueno" rebajar los costes no salariales y subir el IVA porque facilitaría las contrataciones.
El diputado socialista, que también es miembro permanente del Pacto de Toledo, se mostró favorable a crear una "caja única" donde no sólo se contabilicen los ingresos y gastos de la Seguridad Social sino todos los del Estado, para "caminar hacia un sistema más integrado".
El rector de la Universidad Antonio de Nebrija, Fernando Fernández, que también intervino en el acto, alertó sobre el "problema de solvencia y financiación" que tienen algunas corporaciones autonómicas y municipales y auguró la "quiebra" de algunas de ellas y la "insostenibilidad" que generaría el que el Estado central las "avale".