Para ambas organizaciones, la situación de la salud en el trabajo en Europa se caracteriza en la actualidad por el deterioro de las condiciones de trabajo y la parálisis de las políticas de prevención, agravada "de manera significativa" por las políticas aplicadas en la Unión Europea. "Todo ello está provocando un aumento de las desigualdades y una mayor precarización en el trabajo", denuncian ambos sindicatos en un comunicado.
UGT y CC.OO. consideran que la lucha contra la siniestralidad debe reducir las diferencias sociales y combatir la precariedad laboral, y añaden que las condiciones de trabajo actuales son "insostenibles" para la mayoría de los trabajadores.
Según ambas centrales sindicales, la planificación de políticas de salud en el trabajo se remonta a más de treinta años, y la última estrategia, que abarcaba el período 2007-2012, tenía como objetivo primordial la reducción del 25% de los accidentes de trabajo durante este periodo, cifra que no se ha alcanzado.
LA CRISIS COMO EXCUSA.
Para ambas organizaciones, la crisis se utiliza como "excusa" y como "tapadera" para imponer una "ideología liberal conservadora" que sólo beneficia a los especuladores internacionales y a la banca mundial, "verdaderos culpables" de esta situación. "La Unión Europea tiene que escuchar a la ciudadanía, que reclama la vuelta a políticas sociales justas y poner en el centro de la acción política la salud laboral y unas condiciones de trabajo dignas y democráticas", reiteran.
CC.OO. y UGT denuncian que la UE no puede tratar la salud de los trabajadores como una "mercancía" que se pueda eliminar sin más, por lo que ven imprescindible la adopción de políticas sociales sin esperar a la recuperación económica y el empleo, así como apostar decididamente por la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y poner en marcha de forma inmediata la Estrategia Europea de Seguridad y Salud, con objetivos claros y precisos.
Por último, consideran fundamental establecer un modelo de directivas que sean normas concretas en los estados para garantizar la seguridad y salud como se hacía en los años 90, implantar medidas eficaces para evitar la proliferación del 'dumping social', y poner especial atención para que las medidas que favorecen la libre circulación de prestadores de servicios en la UE no mermen las garantías para la seguridad y la salud de los trabajadores.