Los sindicatos recuerdan que las decisiones del CEDS son vinculantes para los gobiernos y señalan que en su informe, en el que participado varios juristas, se denuncia que la reforma laboral no respeta el artículo 2 de la Carta Social Europea (derecho a una condiciones de trabajo equitativas), al atribuir al empresario la capacidad para distribuir la jornada laboral de manera irregular de no existir regulación en el convenio o acuerdo colectivo.
También advierten de que el Gobierno ha vulnerado el artículo 4, sobre el derecho a una remuneración equitativa, con la evolución del salario mínimo interprofesional (SMI), y el artículo 6.2, sobre el derecho a la negociación colectiva, al imponer la reforma laboral la primacía del convenio de empresa frente a convenios de ámbito superior.
Consideran asimismo que el Gobierno incumple la Carta Social Europea al disponer la reforma laboral un arbitraje obligatorio por la inaplicación de condiciones fijadas en convenio colectivo. En su opinión, esta medida también vulnera el derecho de huelga, protegido por el artículo 6.4 de la CSE, en la medida en que dicho arbitraje obligatorio impide su efectividad al establecer condiciones de trabajo sin garantía ni participación sindical.
Por otro lado, los sindicatos denuncian dificultades para el ejercicio de la libertad sindical en las Administraciones Públicas; la injerencia del poder público en la vigencia de los convenios colectivos; y la imposición de un arbitraje obligatorio para poner fin una huelga.
El informe sindical destaca además la vulneración del artículo 6.4 de la Carta Social Europea "por la criminalización desproporcionada e injustificada de la actividad sindical en la participación de piquetes informativos en el desarrollo de una huelga".