En un comunicado conjunto, los sindicatos no sólo han criticado las formas en que les fue notificada la decisión de Becerril -en el último momento y dos días después de salir publicada en prensa-, sino también los motivos que alega para no actuar.
"Los argumentos en los que ha basado su inacción carecen de la más mínima entidad, crean inseguridad en los ciudadanos en la defensa de sus derechos y libertades y hacen un flaco favor a la confianza que como tales tenemos depositadas en nuestras instituciones", alegan.
Aunque dicen respetar la decisión de la Defensora del Pueblo de no recurrir ante el TC la reforma laboral, CC.OO. y UGT consideran "inaceptable" que ellos, que son los autores de la petición del recurso, tuvieran que enterarse de la misma dos días después de haberse publicado ya en la prensa.
En concreto, explican, recibieron un correo electrónico el día 10 de octubre, con una carta de Becerril fechada el día 8 y en el que se incluía la resolución adoptada por la Defensora el día 5. La noticia de la negativa de Becerril a recurrir la reforma apareció en los medios de comunicación el mismo día 8.
La Defensora del Pueblo explicaba en su carta a los sindicatos que no interponía recurso "por no encontrar fundamentos jurídicos suficientes". En la resolución, añaden los sindicatos, "se infiere otra motivación": que distintos sujetos u organismos legitimados habían interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos (en referencia al Parlamento de Navarra) y que hay presentada cuestión de inconstitucionalidad por parte de un Juzgado de lo Social.
Ante este argumento, CC.OO. y UGT replican que los recursos interpuestos se basan en las violaciones a la Carta Magna que cada cual alegue, de forma que no todas las posibles infracciones a la Constitución se hayan recurrido.
A los sindicatos tampoco les convence que la negativa de Becerril se apoye en la tónica general de no ejercitar la legitimación que tiene conferida su institución si otros sujetos u organismos la ejercen, y consideran "curioso" que la Defensora haya esperado hasta el último día del plazo para recurrir la reforma (el día 5, después de presentarse el recurso del Parlamento de Navarra) para adoptar su decisión.
"Si tuviera intención de interponer recurso, parece lógico que se preparase con tiempo", alegan los sindicatos, que también califican de sorprendente que la propia Defensora del Pueblo considere que tiene una actuación subsidiaria respecto a otros titulares legitimados para defender los derechos y libertades de los ciudadanos.