La expropiación está "en ejecución previa", dijo hoy el titular de la oficina gubernamental Silos, Depósitos y Almacenes (Sada), Carlos Osorio, un día después de que el presidente Hugo Chávez ordenara la medida y una adicional investigación judicial a Cargill.
La firma estadounidense "viola" leyes que garantizan el acceso de la población a alimentos de calidad y con precios justos, denunció el gobernante de Venezuela, promotor del llamado "socialismo del siglo XXI".
La intervención estatal complementa denuncias del Gobierno, que dice haber verificado que esa y otras empresas producen solo un 10% de arroz en presentaciones populares, cuyos precios son fijados por el Gobierno desde 2003, mientras que el restante 90% son variedades "saborizadas" con precio libre.
El ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, confirmó que el primer paso fue hoy "la toma del control" por sus funcionarios de la planta de arroz de Cargill ubicada en el occidental estado de Portuguesa.
Cargill, que opera en Venezuela desde 1986 con unos 2.000 empleados, según datos de la propia compañía, también produce en el país suramericano aceites, harina, pasta, azúcar, café, leche, margarina, levadura y productos para mascotas, en otra decena de plantas no afectadas por la decisión del Gobierno.
En un comunicado, la trasnacional estadounidense afirmó hoy que la planta procesadora que el Gobierno pretende expropiarle por no producir arroz blanco fue diseñada para manufacturar exclusivamente ese cereal tipo "parboiled" o vaporizado.
Cargill dijo que "espera la oportunidad de aclarar su situación ante el Gobierno" de Chávez, que la empresa es "respetuosa de las decisiones" del Ejecutivo, y resaltó "su compromiso de producción de alimentos en Venezuela apegado a las leyes y normativas vigentes".
En declaraciones a la prensa, el ministro Jaua destacó que desde ahora está a la espera de "un acuerdo amigable" con los responsables de Cargill, para la definición del monto de la indemnización respectiva que deberá pagar el Estado venezolano.
La medida contra la estadounidense fue anunciada por Chávez tras advertir que procederá de igual forma con la venezolana Polar, otra gigante productora de alimentos, si no corrige políticas que desde el fin de semana le cuestan una "intervención temporal" de noventa días.
"Si se ponen cómicos (...), los expropiamos (...); nosotros pudiéramos expropiar todas las plantas de la Polar (...); los expropiamos y les pagamos con unos bonos", declaró el gobernante venezolano el miércoles.
Dirigiéndose expresamente a Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, Chávez le advirtió: "Si usted quiere pelear con el Gobierno, usted verá; y no es con el Gobierno, es con la ley (...). Ojalá la Polar se ponga a derecho, si no se pone a derecho, ¡te voy a expropiar Mendoza!".
"Quiero que me inspeccionen todo; todas las plantas que producen la harina, harina de maíz, las que producen el aceite (...) el tema del papel sanitario", apuntó al explicar que actúa así para "proteger al pueblo".
Chávez inició en 2007 un vasto plan nacionalizador, en el que ha incluido, entre otros "sectores estratégicos", al del petróleo, la electricidad, las tierras y la telefonía, tras previas o posteriores indemnizaciones o acuerdos de compraventa.
El plan continuó en 2008 con los sectores del cemento y el siderúrgico, mientras que quedó pendiente una incursión estatal en el bancario, con intenciones de compra del Banco de Venezuela al grupo español Santander, anunciada públicamente por Chávez.
Tras congelarse recientemente la negociación con el grupo español, debido, según versiones periodísticas no comentadas oficialmente, a la caída del precio del petróleo, principal fuente de divisas de Venezuela, el empeño nacionalizador de Chávez no registraba movimientos importantes desde mediados del año pasado.
Entonces, el presidente venezolano anunció la nacionalización de la gigante siderúrgica Sidor, del grupo ítalo-argentino Techint, aún en proceso de negociación, y de la industria del cemento controlada por la mexicana Cemex, que entró en litigio, y por la suiza Holcim y la francesa Lafarge, que sí llegaron a un acuerdo.