El Consejo de Ministros decidió el pasado día 3 hibernar el almacenamiento y compensar con 1.350 millones de euros a la empresa Escal UGS. Una cantidad que, en un primer momento, asumiría Enagas para, posteriormente, ir repercutiéndola en la tarifa del gas a lo largo de 30 años. Según el Ministerio de Industria, el coste anual para el sistema gasista a partir de 2017 será 110 millones de euros inferior al coste de operar el complejo.
Sin embargo, para la nacionalista catalana esta decisión, que sigue a la suspensión temporal de la actividad de Castor que se decidió hace un año por los seísmos detectados en la zona, es la constatación de que el proyecto ha sido "un fracaso".
Por eso, pregunta al Ejecutivo "qué opinión le merece" que sean los consumidores y usuarios del sistema gasista los que vayan a tener que asumir "el coste de ese fracaso" durante los próximos 30 años y también pide detalles sobre "cómo se articulará el sistema de pago" que conllevará repercutir los 1.350 millones de euros en las facturas, con especial atención a si está previsto tener en cuenta las situaciones de especial vulnerabilidad económica.