Corredor explicó en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebró hoy con los consejeros autonómicos del ramo que se dará prioridad a las ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas, y que el ministerio analizará bilateralmente con cada comunidad la aplicación del reajuste.
Asimismo, detalló que éste se llevará a cabo en dos fases, una primera en 2010, en la que se eliminará la reserva de eficacia para las comunidades que han cumplido los objetivos convenidos con el Estado, y otra entre 2011 y 2012, en la que se suprimirán las ayudas de acceso directo y las subvenciones a los promotores, entre otros.
Según el PP, que anunció que pedirá la comparecencia de Corredor en el Congreso, la eliminación de la reserva de eficacia supondrá un recorte de 140 millones de euros, que, si se suman a los cerca de 94 millones que se declararon no disponibles en enero, ascenderá a 234 millones de euros en 2010.
A su vez, los populares indicaron que si las ayudas que se supriman en los dos años siguientes no se destinan a otros programas, el recorte alcanzará a 500 millones de euros más.
El portavoz de Vivienda del PP en el Congreso, Pablo Matos, señaló que estas medidas "desmantelan el Plan de Vivienda", lo que "justifica aún más" la desaparición del departamento dirigido por Corredor.
CiU también exigió que la ministra comparezca ante la Comisión de Vivienda del Congreso, y señaló que los recortes afectarán gravemente a la política de vivienda y "frenarán el leve proceso de recuperación que se estaba registrando en la construcción".
A su vez, IU calificó el ajuste de "recorte presupuestario antisocial", y resaltó que estas medidas han hecho que las políticas de vivienda del Gobierno "entren en un impresentable dique seco".
Por otro lado, los consejeros de varias autonomías manifestaron sus reticencias ante los recortes.
Así, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, indicó que cree "razonable" que el ministerio recorte el gasto en materia de vivienda, pero pidió "flexibilidad para que cada región decida qué línea de actuación va a implementar en su territorio".
Por su parte, la Junta de Extremadura abogó hoy por el mantenimiento de la ayuda estatal en la compra de una vivienda de protección oficial, especialmente en los casos que afecten a las rentas más desfavorecidas.
Así, la Junta aseguró que comprende la necesidad de hacer ajustes por la situación actual y por ello propondrá medidas que se adapten mejor a las peculiaridades de la comunidad autónoma y que se concretarán en la próxima reunión bilateral Junta-Ministerio.