La Cámara Baja acepta así que las plataformas sindicales cuenten de plazo hasta el próximo 28 de mayo para presentar al menos el medio millón de apoyos ciudadanos a su propuesta necesarios para que sea admitida a trámite y debatida por tanto en el Pleno. Inicialmente se concedió a los promotores de la propuesta nueve meses para recoger firmas.
Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, registraron en abril la propuesta con la que reclaman una prestación de ingresos mínimos que beneficiaría a 1,8 millones de hogares en situación de carencia --2,1 millones de personas-- con un coste para las arcas públicas de unos 11.000 millones de euros anuales.
426 EUROS AMPLIABLES.
Según el texto de la iniciativa, la prestación consistiría en una ayuda de 426 euros mensuales --80% del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM)-- más un complemento por cada uno de los familiares o menores a cargo, cuya cantidad deberá ser precisada por el Parlamento.
De ella podrían beneficiarían los demandantes de empleo de entre 16 y 64 años que estén inscritos en los registro desde al menos un año y cuyos ingresos no superen los 486 euros mensuales --el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI)-- excluidas las pagas extraordinarias.
No se computarían entre estos ingresos prestaciones familiares no contributivas, pensiones alimenticias, prestaciones de dependencia, ayudas a favor de la infancia, subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar gastos realizados; ni ayudas económicas o de otra naturaleza de emergencia social.
Además, los beneficiaros deberán haber agotado o no disfrutado por no cumplir los requisitos exigidos toda prestación contributiva o no contributiva, renta activa de inserción y otras ayudas o las prestaciones económicas dentro de programas temporales de protección por desempleo.
En el supuesto de unidad económica familiar, el texto de la ILP dispone que se entenderá cumplido el requisito de carencia de recursos cuando la suma de la rentas o ingresos de todos sus integrantes no supere ese 75% del SMI.
INDEFINIDA PERO SUJETA A ACCIONES DE INSERCIÓN.
De ahí que la propuesta prevea el cobro de esta ayuda de forma indefinida mientras los beneficiarios sigan cumpliendo los requisitos para cobrarla y que lleve a aparejada una afiliación de oficio a la Seguridad Social de aquellos beneficiarios que no hubieran estado afiliados previamente.
Esta nueva prestación llevaría aparejada la obligación de realizar las actuaciones de inserción laboral o mejora de la empleabilidad que exija la entidad gestora.
Al plantearse como una prestación no contributiva, los sindicatos consideran que debería financiarse a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y estiman que su coste total ascendería a unos 11.000 millones de euros, el 1% del PIB.