Así, el decreto ha salido finalmente adelante con los 288 votos de PP, PSOE, IU-ICV-CHA, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro Asturias (FAC), el BNG, Compromís-Equo y Geroa Bai, frente a las 16 abstenciones de UPyD, PNV, Amaiur y CC-NC. Por su parte, CiU y ERC han votado en contra, y los 'populares' se han opuesto a tramitar el decreto como proyecto de ley.
La portavoz adjunta del PP en la Cámara Matilde Asián ha defendido que este decreto es "una prueba más de los esfuerzos del Gobierno por evitar que la crisis fiscal conlleve la descapitalización de la función pública" y por garantizar que los funcionarios sean "los mejores" y ofrezcan "servicios modernos y de calidad acordes con el siglo XXI".
Y, en este sentido, ha valorado que las plazas prácticamente duplican las previstas, mientras que las promociones internas casi se triplican. Pero, además, ha puesto de relieve que el Gobierno también trabaja por mejorar la carrera administrativa, por impulsar la lucha contra el fraude y por mejorar la gestión económica interna de los ayuntamientos.
POCAS, PERO MENOS ES NADA
El portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, cree que este decreto es "propaganda electoral, una milonga más del Gobierno, un gran engaño como una catedral, una nueva cortina de humo para que los españoles no sepan de verdad cuáles son las consecuencias de las políticas del PP".
En este sentido, ha argumentado que con las jubilaciones previstas para este ejercicio la Agencia Tributaria acabará el año con 500 empleados menos, incluyendo incluso esta oferta adicional, y ha recordado que en lo que va de legislatura se han destruido 175.000 empleos públicos, casi el 12% del total.
Además, ha dudado de que realmente el país esté entrando en una nueva etapa, tal y como pregona el Ejecutivo, y se ha remitido a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre que este martes ha hecho pública el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Finalmente, Saura ha criticado que la ampliación de plazas se haga sin una planificación previa de hacia dónde deben ir los ayuntamientos o cómo abordar la lucha contra el fraude fiscal, y ha acusado a los "neoliberales" del PP de "no querer" hacer una verdadera reforma fiscal que sea "justa y fomente el empleo" porque eso supondría "bajar impuestos a las rentas medias y subirlas a quien más gana y a quien más posee".
Por su parte, el portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, cree que las "poco más de 300 plazas" adicionales que se ofrecerán gracias a este decreto son "una mejora" aunque "notablemente insuficiente y tramposa" ante la pérdida de 1.432 empleados públicos en los dos últimos ejercicios.
No obstante, la coalición ha decidido respaldar la convalidación del decreto porque en el fondo supone "un reconocimiento de errores por parte del Gobierno, un autoenmienda" a la política de tasa de reposición cero que ha llevado a cabo hasta ahora, aunque sólo sea "un alivio y no una solución real" para el "correcto funcionamiento" de los servicios públicos.
Por último, el diputado andaluz se ha preguntado por qué el mismo argumento no se aplica también al personal de otros servicios como la sanidad o la educación, cuyas plantillas también han sufrido una "grave disminución de personal", y ha recordado que para luchar contra el fraude fiscal no basta con aumentar los efectivos de la Agencia Tributaria sino que también hay que racionalizar su funcionamiento y mejorar las leyes.
Joan Baldoví, de Compromís, cree que este decreto es "propaganda engañosa" y ha reclamado que se corrija una "la tasa de reposición que está generando infinidad de problemas en la administración local y autonómica" al "impedir convocar puestos pese a su necesidad objetiva". "Es un pequeño arreglo a un gran desaguisado", ha lamentado.
REFORMA LOCAL "DECEPCIONANTE"
Por su parte, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha explicado la abstención de su grupo argumentando que, aunque valoran la decisión de incrementar el personal destinado a luchar contra el fraude o a controlar las cuentas de los ayuntamientos para evitar que vuelva a haber facturas en los cajones, el número de plazas que se ofrecerán son insuficientes.
Particularmente si se tiene en cuenta que esta decisión es una "gota en el desierto" de la "muy decepcionante" nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, lo mismo que en relación con las necesidades de la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude.
Finalmente, el diputado de la formación magenta ha valorado que el Gobierno "cante la palinoda" con este decreto --es decir, que se retracte públicamente de sus errores en relación con su política de personal--, aunque ha criticado que lo haga sin "dar explicaciones ni pedir excusas" y que sea una "rectificación mínima" que más bien interpreta en clave "electoralista y cortoplacista".
Tampoco a Emilio Olabarria, del PNV, le ha convencido el decreto, cuyo espíritu debería extenderse a otros ámbitos y a otras administraciones públicas ya que la imposición de una tasa de reposición cero ha "creado importantes disfunciones en la eficacia" de los servicios públicos.
Además, el diputado vasco cree que la "modesta" cifra de plazas adicionales "no es para echar las campanas al vuelo" y ha defendido que conseguir los "ambiciosos" objetivos del Gobierno en materia de lucha contra el fraude requiere de cifras más amplias. "Esto sólo es una tasa de reposición enriquecida", ha dicho, criticando además que las plazas municipales no serán suficientes para afrontar las nuevas funciones que los ayuntamientos reciben con la Ley de Racionalización, que el PNV rechaza por invasión competencial.
Por su parte, Pedro Quevedo (CC-NC) cree que los servicios públicos han "tocado fondo" por una política "durísima de castigo" del Gobierno al empleo público y por unos "recortes durísimos, resultado de un diagnóstico incorrecto" sobre cómo luchar contra el déficit y la deuda. Además, ha criticado el "centralismo a ultranza" del Gobierno, que obliga a comunidades y ayuntamientos a reducir gasto en personal mientras no se aplica la misma "receta dura".
UN PASO MÁS HACIA UN "ESTADO ANACRÓNICO"
Finalmente, Carles Páramo, de CiU, ha criticado que este decreto da "un paso más hacia un Estado anacrónico". "No es que retrocedamos al Estado centralista de Franco, sino que entramos de nuevo en el Estado decimonónico, en el que se mandan funcionarios del Rey a controlar a todos los que se alejan pocos kilómetros de la capital. El Estado avanza en dirección contraria al sentido de los tiempos", ha criticado el diputado.
Y es que los nacionalistas catalanes rechazan particularmente que el Gobierno pretenda "controlar por la fuerza y no por la razón" a las administraciones territoriales a través de "funcionarios de confianza vestidos de negro" que "enseñarán" a los trabajadores autonómicos y locales. "Ustedes no tienen autoridad moral para ello", ha espetado a los 'populares'.
En el mismo sentido, Páramo cree un "escarnio" que el Ejecutivo se autorice a sí mismo a contratar trabajadores para la Agencia Tributaria mientras prohíbe convocar plazas en otras administraciones para servicios que también necesitan de un refuerzo de personal, por mucho que compartan la importancia de luchar contra el fraude fiscal. En este sentido, CiU aboga por la movilidad interna y por la recolocación de funcionarios de departamentos "obsoletos, sobredimensionados o duplicados".