El portavoz adjunto del PSOE en materia de Economía, Antonio Hurtado, ha recordado que ni la Ley de Extranjería ni su reglamento exige que para que un inmigrante ilegal pueda regularizar su situación en España tras tres años de residencia su empleador deba estar al corriente de pago con la Seguridad Social y con la Hacienda pública, un requisito que sí está establecido cuando se trata de contratar en origen a personas de otros países.
Por eso, el diputado cordobés cree que esta interpretación de la norma que está haciendo el Gobierno es "injusta" y "discriminatoria", sobre todo porque la situación de solvencia de un empresario no afecta en ningún sentido a los trabajadores españoles. Además, argumenta que esta medida "no es razonable" con el déficit que tiene la Seguridad Social, que requiere de nuevos cotizantes que incrementen sus ingresos.
"Éste es un tema que afecta a las personas más débiles de la sociedad, que no tienen una situación regular en España. Es un tema de enorme sensibilidad, y espero que aunque la iniciativa no salga adelante, sigamos trabajando para que esto se pueda corregir", ha añadido.
ES UN REGLAMENTO SOCIALISTA
Sin embargo, el 'popular' Ildefonso Pastor ve el requisito de la solvencia del empresario "razonable" porque "no se debe permitir a los empresarios incumplidores incorporar a sus plantillas nuevos trabajadores extranjeros, ya que no generan ingresos suficientes para la Seguridad Social y plantean una competencia desleal para los que sí son cumplidores".
Por eso, no cree que la medida sea discriminatoria y de hecho ve "extraño" que los socialistas critiquen esta interpretación de la norma, ya que el Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería y que incluye estas exigencias fue aprobado en 2011, durante el anterior Gobierno socialista, y en él se "equipararon" los requisitos para obtener una autorización de trabajo y residencia por arraigo con los de concesión inicial de permiso por cuenta ajena.
La iniciativa del PSOE ha recibido sin embargo el respaldo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), de UPyD, del BNG y de CiU, cuyo diputado Toni Picó ha coincidido en que es "importante y urgente encontrar una solución para regularizar a los inmigrantes que trabajan en la economía sumergida", siempre que no se afecte al reparto competencial en esta materia, ya que comunidades como Cataluña o Andalucía tienen cedidas las competencias de autorización de permisos de residencia.
Además, ha aprovechado para alertar sobre el problema de muchos trabajadores que caen en la economía sumergida "por causas sobrevenidas" y ha destacado que, en cualquier caso, hay que estar alerta ante situaciones de fraude como "los casos conocidos recientemente de venta de contratos".