El proyecto, que por ser de una ley orgánica debe volver al Pleno de la Cámara Baja antes de ser tramitado en el Senado, prevé la creación de una nueva institución independiente pero adscrita al Ministerio de Hacienda que analizará las previsiones económicas de los diferentes niveles de la administración y controlará el cumplimiento de los planes de estabilidad o programas económico-financieros entre otros, pudiendo emitir recomendaciones o activar los mecanismos de corrección que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Al margen de los cuatro cambios menores propuestos por los 'populares' --relativos a que el estatuto orgánico se apruebe antes de fin de año o a los requisitos sobre la información a la que podrá tener acceso la Autoridad y la confidencialidad que pesará sobre ellos--, la Comisión ha aprobado también tres enmiendas de CiU e IU-ICV-CHA, y otros tantos textos transaccionales propuestos por UPN, PNV y los nacionalistas catalanes.
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA WEB
Así, las enmiendas de la oposición que el partido que da sustento al Gobierno ha aceptado prevén que también las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan solicitar informes y estudios a la Autoridad Fiscal, y que todos estos documentos y opiniones del organismo independiente estén disponibles en su página web.
En cuanto al texto pactado por los 'populares' con el PNV y UPN, pretende recoger expresamente que la nueva Autoridad Fiscal respetará lo dispuesto en la legislación sobre el Régimen Foral Navarro y el Concierto Vasco.
Además, la transaccional a la que se ha llegado con CiU prevé que las administraciones públicas puedan presentar alegaciones contra los informes que apruebe la Autoridad Fiscal Independiente, y que se incluyan dichos comentarios en el informe junto con su valoración.
ES UN ORGANISMO "A MEDIDA" DE HACIENDA
Sin embargo, las modificaciones no han satisfecho a la oposición, que no las considera suficientes al no hacer referencia a aspectos sustanciales del proyecto de ley como los nombramientos de los miembros de la Autoridad, su financiación, la duración de los mandatos o el respeto competencial. Por eso, los 'populares' han sacado adelante el dictamen en solitario, frente al voto en contra de toda la oposición.
Así, la socialista María José Vázquez ha señalado que sus enmiendas buscan "que el contenido de la ley se adecue a su título", haciendo que la autoridad sea "de verdad" independiente para que tenga "responsabilidad en sus actuaciones". Por eso, el PSOE defiende que se haga una Autoridad colegiada e independiente presupuestariamente, y que se regulen mejor sus funciones.
"Así este organismo sería más creíble para la sociedad", ha dicho, afirmando que este proyecto "a medida" del Ministerio de Hacienda sería "con toda probabilidad rechazado" por los 'populares' si ocuparan la oposición. "Nosotros lo modificaremos por responsabilidad, así que será un instrumento del Gobierno con el PP y un organismo independiente con el PSOE", ha añadido.
Alberto Garzón ha recordado que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) no está de acuerdo con la justificación de la Autoridad Fiscal --la necesidad de mantener la austeridad-- y ha dudado de la "pretendida independencia" que se le quiere arrogar pese a que depende de Hacienda y a que su financiación se hará a través de tasas. Asimismo, ha alertado del "riesgo democrático" que se derivará de que una institución no elegida democráticamente tenga "control de las finanzas públicas y también de la orientación de la política económica" de las comunidades autónomas.
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, no tiene ninguna "objeción" a esta autoridad, aunque cree que el PP sólo quiere "cumplir una exigencia europea" pero "no tiene mucha confianza" en la nueva institución, ya que "le pone todo el tiempo limitaciones, comenzando por su independencia", que no está garantizada dado que los nombramientos y el reglamento los hará Hacienda. Por ello, si no se producen "importantes modificaciones" en el texto, la formación magenta no lo apoyará.
RESTA AUTONOMÍA FINANCIERA A LAS COMUNIDADES
Toni Picó, de CiU, ha destacado que los nacionalistas catalanes comparten el objetivo de crear esta Autoridad Fiscal pero ha rechazado la configuración elegida por el Gobierno, que a su entender no pasa ni por la independencia ni por la transparencia. Y, además, ha rechazado la "limitación en materia presupuestaria y el recorte de autonomía financiera" impuestas a las comunidades autónomas con esta norma.
El diputado del PNV Emilio Olabarria también duda de que la dependencia orgánica y funcional permita garantizar la independencia de la nueva autoridad, y ha subrayado los problemas competenciales que esta norma provocará en los regímenes forales, "que no han sido objeto de consideración suficiente en esta ley". "Nosotros estamos interesados en que esta Autoridad sea lo primero independiente, pero de todos. Y prescindir de este requerimiento es preocupante", ha añadido, avisando de que o se aceptan sus enmiendas o serán "beligerantemente contrarios a otro instrumento de recentralización estatal".
Olaia Fernández Davila (BNG) ha criticado que la Autoridad Fiscal "no es independiente", reclamando que se ciña al ámbito de la administración central, que es la que nombra a sus miembros y establece su reglamentación. Además, ha reprochado que se pretenda "intervenir en la política económica de las comunidades autónomas" con este nuevo organismo, que "invade competencias exclusivas".
SUPERVISOR GLOBAL
El 'popular' Joaquín Villanova ha defendido sin embargo que este proyecto de ley es "muy importante" para recuperar la "credibilidad y confianza" en España y para cumplir con las obligaciones asumidas con la Unión Europea, y ha asegurado que este "supervisor global para todas las administraciones europeas" contribuirá a "evitar los solapamientos competenciales y el despilfarro de recursos".
Además, ha afirmado que el texto de la norma "refuerza la independencia de la Autoridad con un sistema de autofinanciación" mediante tasas y que el organismo será de los más avanzados de nuestro entorno en materia de control fiscal.