La diputada 'popular' María Eugenia Romero ha indicado que aunque todos puedan estar de acuerdo con el "espíritu" de la iniciativa de recuperar todas las cantidades públicas inyectadas para reestructurar el sistema financiero, en la práctica se trata de una propuesta "técnicamente inviable".
"Esta proposición es de imposible cumplimiento en sus términos. Los planes de reestructuración y resolución aprobados por la UE fijan los compromisos de retorno al sector privado de las entidades financieras, sin la posibilidad de supeditarlo a la devolución de las ayudas", ha recordado Romero, apuntando que además el FROB no se creó con la vocación de convertirse en "un holding público de entidades financieras".
SE RECUPERARÁ TODO LO QUE SE PUEDA
A renglón seguido, ha insistido en que el FROB "actúa para reducir al máximo los fondos públicos invertidos en la recapitalización de las entidades financieras y realiza las operaciones necesarias para rentabilizar al máximo esas inyecciones dado el marco" legislativo actual. "Lo estamos haciendo bien. Nos gustaría recuperar todo el dinero pero sabemos que eso es muy difícil", ha reconocido.
Por último, ha aprovechado para matizar los datos sobre el montante total de ayudas públicas concedidas a las entidades financieras, que según el Tribunal de Cuentas ascendió a 107.000 millones de euros entre 2009 y 2012, recordando que parte de ese dinero corresponde a líneas de crédito que no se han utilizado y que también incluye otro tipo de gastos como los de estudios.
Sin embargo, el portavoz adjunto de Economía del PSOE, Antonio Hurtado, ha insistido en que la iniciativa sólo pretende "aplicar el sentido común" y conseguir que las arcas públicas recuperen todo el dinero que han aportado a la reestructuración financiera, algo que actualmente no está garantizado. De hecho, según la Comisión Europea (CE) ya se dan por perdidos unos 37.000 millones. "El balance es apabullantemente desfavorable para la hacienda pública", ha dicho.
Además, el diputado cordobés ha expresado su "total desacuerdo" con que esos fondos públicos se concedieran "sin ningún tipo de exigencia" a los bancos para garantizar su recuperación, por lo que ha reiterado la necesidad de que cualquier desinversión por parte del FROB esté condicionada siempre a la restitución de los fondos públicos.
Finalmente, Hurtado ha criticado la "excesiva prisa" del Gobierno en "desprenderse" de las entidades rescatadas, y ha achacado este comportamiento a su "desconfianza en el procedimiento". "El Ejecutivo considera que cuanto más tiempo se tarde en colocarlas en el mercado mayores serán las pérdidas para el Estado, y por eso se están desprendiendo de ellas a costa de enormes pérdidas financiadas por todos los españoles. Desde luego, si se pusiera más atención en una buena gestión y tiempo suficiente para que el capital invertido signifique un auténtico saneamiento sería mucho más razonable", ha concluido.
EL COSTE IBA A SER CERO
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha recordado que en un primer momento el Gobierno aseguró por activa y por pasiva que "el coste del rescate bancario sería cero", y sin embargo según Eurostat ya se han acumulado unos 49.000 millones de euros de pérdidas por este procedimiento.
"Nos preocupa extraordinariamente el coste público que puede acabar teniendo el rescate. Por eso, la sociedad tiene derecho al menos a que se le informe de forma veraz del verdadero coste de la operación y a que se le proporcione un plan creíble para recuperar la mayor parte de ese dinero", ha añadido.
También Rafael Larreina (Amaiur) cree que es "fundamental revertir a la ciudadanía el esfuerzo realizado en la regeneración del sistema financiero" y ha exigido que se aplique "la misma vara de medir" a los bancos que no devuelvan las ayudas que a los ciudadanos que se retrasan en el pago de sus obligaciones. "El Gobierno debe seguir de forma estricta a las entidades para que todos los apoyos recibidos reviertan a las arcas públicas", ha añadido.
Por su parte, la diputada de CiU Inmaculada Riera ha reconocido que la iniciativa busca que "sean las entidades financieras y no los ciudadanos los que devuelvan las ayudas públicas", objetivo que los nacionalistas catalanes comparten siempre que "se adecue" a los compromisos recogidos en los planes de reestructuración aprobados por Bruselas y al resto de normativa nacional y comunitaria.