Con la aprobación de recomendaciones relativas al 'Informe de fiscalización relativo a la contratación del sector público estatal celebrada durante el ejercicio 2012' del Tribunal de Cuentas, el Parlamento vuelve a poner sobre la mesa peticiones que se repiten año tras año en relación con los principales defectos de la contratación pública en España.
Así, se pide a las entidades fiscalizadas que incorporen más precisiones en los pliegos de cláusulas administrativas particulares para diferenciar claramente los criterios con fórmulas cuantitativas y los que son subjetivos --cuyo uso debería "motivarse adecuadamente"--, y que en los contratos adjudicados mediante el procedimiento negociado, clarifiquen desde el principio con "precisión" sobre qué aspectos se podrá negociar.
En concreto, la Comisión Mixta recomienda determinar "previamente" y de forma "adecuada" el contenido y extensión de las mejoras que se pueden incluir en el contrato y el método de valoración de los criterios subjetivos. Y también rechaza los límites máximos en los criterios de precio porque "desincentivan bajadas en las ofertas económicas", recomendación que coincide con la del propio Tribunal de Cuentas.
En este sentido, el Parlamento va más allá y propone elevar a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa una "consulta para que se precisen los aspectos susceptibles de negociación". Además, critica el exceso de adjudicaciones con acuerdos previos con los adjudicatarios, que se deberían evitar.
ARGUMENTAR POR QUÉ HACEN FALTA
Asimismo, se reclama a las administraciones públicas que negocien "de manera efectiva y soportada documentalmente" los términos de los contratos adjudicados mediante procedimiento negociado, cuyo uso también debería justificarse de manera fundada al igual que las propias necesidades que llevan a licitar un contrato.
Por otra parte, se vuelve a pedir más planificación y análisis en las fases preparatorias de los contratos para evitar modificaciones, ampliaciones de plazo, retrasos y obras complementarias que "frecuentemente no están justificadas o que habrían podido evitarse".
En esta línea, las Cortes creen que cualquier modificación contractual debe justificarse "debidamente" y que se debe evitar la "indebida" utilización del contrato complementario. También se reclama a las entidades fiscalizadas que cumplan los términos y plazos para enviar la documentación sobre contratos al Tribunal de Cuentas, y se les pide que apliquen las previsiones legales tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.