Al respecto, el Gobierno ha indicado que, para paliar este problema, se ha establecido en la Ley de apoyo a los emprendedores un plazo de dos años para los trabajadores autónomos entre la primera diligencia de embargo y la realización material de la subasta.
Para Becerril, esta medida es positiva pero "no suficiente", pues la situación afecta tanto a los trabajadores autónomos como a los que están dados de alta en otros regímenes de la Seguridad Social. Según señala, las quejas recibidas por la institución constatan que las deudas son, en su mayoría, inferiores a 30.000 euros.
"Por ello, el inicio del procedimiento de venta forzosa de las viviendas habituales, cuando son el único bien susceptible de ejecución, no resulta proporcionado al fin perseguido", argumenta la Defensora del Pueblo.
Becerril ve posible establecer un régimen de especial protección de la vivienda y evitar situaciones de vulnerabilidad social, dando la posibilidad de negociar los plazos para el pago de la deuda.
Por último, ante el anuncio que realizó el ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista a Europa Press, sobre la posible ampliación de la moratoria de las ejecuciones hipotecarias, la Defensora del Pueblo considera positiva esta medida a la vista de las quejas recibidas a lo largo de 2013 y 2014.