La junta de accionistas de EDP ha aceptado suprimir las acciones con derechos especiales titularidad del Estado y elevar del 5% al 20% el límite impuesto a los derechos de voto de los inversores, lo que abre vía libre al proceso de privatización de la compañía estatal como consecuencia del rescate financiero al país luso aprobado el pasado mes de mayo.
La decisión se tomó en una reunión convocada únicamente para decidir sobre estas dos cuestiones y a la que acudieron el 71% de los accionistas.
El Gobierno portugués ya aprobó en julio la retirada de la 'acción de oro' ('golden share') del Estado en EDP, Galp Energia y Portugal Telecom, tal y como exige el pacto de asistencia financiera suscrito con la UE, el FMI y el BCE.
Esta 'acción de oro' otorgaba al Gobierno portugués la capacidad de vetar decisiones estratégicas de las compañías, como sucedió en junio de 2010 con la venta a Telefónica de la brasileña Vivo, filial de PT, que finalmente tuvo que ser aceptada por el Ejecutivo luso tras declarar el TUE la ilegalidad de este privilegio.