Las demandas de ejecución por impago de hipotecas permiten que la entidad financiera u otro acreedor subaste el bien (normalmente una vivienda o un edificio) para recuperar los importes prestados más los intereses, por lo que el CGPJ había pronosticado el año pasado que se multiplicarían ante los actuales "momentos de dificultad financiera y económica".
De hecho, el año pasado se solicitaron tantas ejecuciones hipotecarias como en 2005, 2006, y 2007 juntos, superando ligeramente las previsiones del CGPJ, que preveía 53.272 procedimientos.
Para este año, el órgano espera un crecimiento algo más moderado, del 43,5%, lo que arrojaría 76.463 ejecuciones hipotecarias, que pueden afectar tanto a particulares como a empresas, ya estén en concurso de acreedores o no, recuerda el socio de CMS Albiñana y Suárez de Lezo Juan Ignacio Fernández Aguado.
Estos procedimientos, que tienen un trámite "sencillo y estándar", se venían resolviendo entre 6 y 8 meses, aunque el aluvión de trabajo en los juzgados y las diversas variables a las que están sometidos están provocando que el plazo se haya prolongado a una horquilla de entre 10 y 14 meses, señala Fernández Aguado.
Por Comunidades Autónomas, el mayor número de ejecuciones hipotecarias se registró en Andalucía, seguida muy de cerca por Cataluña y, algo más lejos, por Valencia.
No obstante, el mayor incremento porcentual tuvo lugar en Murcia, La Rioja y Navarra, en tanto que Asturias fue la región donde menos crecieron estos procedimientos. CGS