El Parlamento Europeo ha celebrado este miércoles que el acuerdo cerrado la pasada noche para reformar la Política Agraria Común (PAC) establezca una reducción obligatoria de al menos un 5 % en el pago base de las ayudas comunitarias que superen los 150.000 euros por explotación. Los gobiernos, sin embargo, han logrado diluir el objetivo de un techo máximo de 300.000 euros al imponer que esta restricción sea voluntaria y no obligatoria en los Estados miembros.
El presidente de la comisión de Agricultura de la Eurocámara y jefe negociador en los contactos con los 28 y con la Comisión, el socialista italiano Paolo de Castro, ha destacado que esta medida supone "un recorte a las ayudas más altas" que permitirá "una redistribución más justa" de los fondos europeos dentro de cada Estado miembro.
El eurodiputado Luis Manuel Capoulas Santos, responsable del capítulo de pagos directos en la negociación, ha explicado, además, que este 5 % anual podrá ser mayor si así lo decide cada país a la hora de aplicar la medida, pero que en cualquier caso se aplicará a dos tercios de la ayuda porque dejará fuera el 30 % del llamado 'pago verde' o 'greening'.
También se deberán descontar los costes salariales de la explotación antes de calcular la rebaja del subsidio y se prevé una derogación para los Estados miembros que hayan optado por el 'pago redistributivo', por el que se reserva un 5 % del sobre nacional para redirigirlo a las primeras hectáreas de cada producción.
Aunque los eurodiputados no han logrado todas sus reclamaciones, sí se han mostrado satisfechos por lograr cambiar capítulos de la reforma que los Veintiocho se negaron a discutir inicialmente, con el argumento de que ya fueron decididos por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en una cumbre dedicada a los presupuestos de la UE para el periodo 2014-2020. La Eurocámara amenazó con bloquear el acuerdo sobre el conjunto de la reforma de la PAC si no se reabrían al debate estos puntos.
Se trataba precisamente del techo máximo de 300.000 euros por año que propuso Bruselas y aplaudió la Eurocámara, pero que los gobiernos han hecho voluntario a cambio de la concesión de la reducción o 'degresividad'. También han sido escollos otras cuestiones ligadas al marco financiero, como la tasa de transferencia de fondos de un pilar a otro, que no se ha modificado, y el nivel de cofinanciación de los programas de desarrollo rural.
El consenso validado la pasada noche contempla elevar del 75 al 85 % la cofinanciación europea de los programas de desarrollo rural en las regiones ultraperiféricas y en las menos desarrolladas, es decir, las consideradas como 'convergencia', lo que beneficiaría a Extremadura.
"Hubiese sido un precedente peligrosísimo haber dejado que los líderes europeos decidieran sobre qué puede decidir el Parlamento Europeo y sobre qué no", ha advertido De Castro, quien se ha mostrado "optimista" de cara al voto que debe ratificar el pacto. Capoulas Santos, por su parte, ha admitido que no es la reforma que querían "totalmente", pero sí "la mejor posible para el agricultor, los consumidores y el contribuyente, dadas las circunstancias".
UNA PAC MÁS VERDE Y JUSTA
Más allá de los "flecos" cerrados esta semana, la reforma de la PAC se mantiene tal y como convinieron la Eurocámara, el Consejo y la Comisión en las negociaciones del pasado junio. Entre sus medidas más mediáticas figura el llamado 'pago verde' o 'greening', por el que el 30 % de las ayudas directas estarán condicionadas al cumplimiento de determinados esfuerzos medioambientales.
Capoulas Santos ha enfatizado el giro 'ecológico' de la reforma porque también se primarán las prácticas sostenibles desde el segundo pilar, el de desarrollo rural, y, según los cálculos del eurodiputado, "dos tercios del gasto de la PAC irá a parar a medidas medioambientales".
"Ahora podemos afirmar que la reforma es más verde, menos burocrática porque la hemos simplificado, más joven porque introduce ayudas obligatorias a los jóvenes", ha recalcado por su parte De Castro.
El presidente de la comisión europarlamentaria ha celebrado especialmente la "lista negativa" creada para ajustar la definición de agricultor activo y evitar que se destinen fondos de la PAC a campos de golf y aeropuertos. "Nadie que no sea un agricultor profesional deberá recibir ayudas de la PAC", ha remachado.
Además, queda limitado al 60 % de la ayuda media de una región la convergencia interna que no gustaba a España porque Bruselas quería elevarla al 100 %, para asegurar que todo agricultor de la UE recibiese el mismo nivel de apoyo comunitario independientemente de su región o cultivo.
Entre los elementos del acuerdo figura la extensión hasta 2017 del sistema de cuotas de producción de azúcar, tal y como decidieron los ministros, frente al 2018 al que aspiraba el Parlamento.
Si se cumple el calendario previsto para la ratificación de los reglamentos que forman la PAC, la nueva política podrá entrar en vigor en 2014, aunque en la práctica muchas de sus disposiciones no se pondrán en práctica hasta al menos 2015, por la imposibilidad de trasladar todas las normas a las legislaciones nacionales a tiempo. La UE prepara por ello una serie de medidas transitorias, que ya han sido definidas por Bruselas pero que deben ser ultimadas por Eurocámara y Consejo.
Para que la reforma entre en vigor es necesario aún el visto bueno formal tanto del Parlamento Europeo como de los Veintiocho, lo que requiere un proceso que debería estar concluido antes de que acabe el año. El próximo lunes, 30 de septiembre, la comisión de agricultura votará los cuatro reglamentos que componen la reforma y el pleno se pronunciará en su segunda sesión de octubre o en noviembre, mientras que los 28 se pronunciarán en comité especial el próximo 7 de octubre.