La denuncia alude a "la vulneración, por un poder adjudicador (la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña), del derecho a un recurso eficaz en materia de contratos públicos, además de los principios básicos de la contratación pública (igualdad, transparencia y libre competencia)".
Agbar explica que ha tomado esta medida tras dos años de incumplimiento de la directiva comunitaria "cuya finalidad justamente es la de evitar los hechos consumados y el mantenimiento de situaciones ilegales o de hecho en la contratación pública de los poderes adjudicadores europeos".