Así lo ha apuntado en declaraciones a los medios el presidente de este colectivo, Carlos Cruzado, al inicio del XI Congreso Nacional que se celebra en Palma de Mallorca y en el que más de 300 representantes de las distintas asociaciones analizarán las diferentes propuestas económicas que plantea cada partido de cara a las elecciones generales.
Cruzado ha destacado que la piedra angular del plan propuesto por los técnicos de Hacienda pasa por la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas --aquéllas cuya facturación supere los 45 millones de euros--, que eleve del 30% al 35% el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros.
Gracias a esta única medida, ha subrayado que la recaudación se elevaría ya en más de 13.900 millones de euros anuales y se reduciría la brecha que separa el tipo medio efectivo de las microempresas y pequeñas empresas frente al menor tipo efectivo de las grandes corporaciones.
Junto a la modificación del Impuesto de Sociedades, Gestha propone replantear el IRPF para eliminar las normas contrarias a la progresividad, entre las que piden excluir las ganancias patrimoniales especulativas como rentas del ahorro.
Además, añade que si se elevara el tipo de este último gravamen hasta el 24% se obtendrían casi 1.380 millones de euros anuales adicionales para las arcas públicas.
Paralelamente, el colectivo solicita la restricción del uso del sistema de módulos, instaurando la estimación directa como norma general, salvo para aquellos empresarios que destinen sus bienes y servicios al consumidor final, que deberían poder escoger al término de su ejercicio fiscal el régimen que mejor se adaptase al ritmo de su actividad.
A su vez, señala que estas medidas se integrarían en un 'programa marco' enfocado a reducir la economía sumergida de España en diez puntos, hasta situarla al nivel de los vecinos europeos, lo que se traduciría en unos ingresos adicionales de 38.500 millones de euros anuales.
Dentro de las propuestas concretas para atajar el fraude, los técnicos de Hacienda creen que la limitación en el uso del dinero en efectivo supondría una reducción sustancial de la evasión fiscal, por lo que plantean a los partidos políticos que las facturas de más de 1.000 euros pagadas total o parcialmente en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador no sean deducibles en el IRPF, el Impuesto de Sociedades e IVA.