La presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, ha dado a conocer hoy los pormenores de la decisión que el pleno del Consejo tomó el pasado viernes de avalar la continuidad por diez años más de la central nuclear burgalesa, un órgano que, no obstante, ha exigido a la instalación que aumente su seguridad.
El dictamen del CSN no es vinculante para el Gobierno, que tiene un mes para hacer pública su decisión sobre Garoña.
"No hay nada que se haya descartado y cualquier posibilidad está abierta", ha asegurado Marín, quien ha puntualizado que el documento del CSN entró en el Ministerio de Industria el pasado viernes a última hora, por lo que será hoy cuando empiecen a estudiarlo.
Este texto será estudiado con detalle por el Ejecutivo, según Marín, quien ha añadido que la decisión final sobre el futuro de la central será adoptada por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y que, dada la relevancia del asunto, podría elevarla al Consejo de Ministros, aunque no está obligado a hacerlo.
Tal y como ha detallado Martínez Ten, el informe del CSN exige a la instalación, cuya actual licencia de explotación acaba el próximo 5 de julio, dos años antes de que expire su vida útil, que introduzca modificaciones de diseño para reforzar la seguridad y cumplir la normativa más moderna exigida por el órgano regulador.
Este informe "condicionado" del CSN, que se aprobó por unanimidad, impone al titular de la planta (la empresa Nucleanor, participada por Endesa e Iberdrola) 15 condiciones, que incluyen tanto las aplicables a todas las centrales como las específicamente identificadas para Garoña.
Establece, además, unos plazos para cumplir las condiciones y en caso de que no fuera así, el CSN podría proponer al Gobierno revocar la licencia.
Entre las condiciones impuestas para la continuidad de la central figura la de instalar antes de 2011 un nuevo sistema de tratamiento de gases radiactivos en caso de accidente, así como mejorar la protección contra incendios de equipos y sistemas de seguridad, antes del año 2013.
Martínez Ten ha subrayado que el informe se ha basado "únicamente" en aspectos técnicos y ha sido ajeno a consideraciones de política energética.
Ha insistido en que las elecciones europeas no han influido en el hecho de que el Consejo agotase el plazo para emitir su informe.
Precisamente, esto ha sido lo que más han criticado las principales organizaciones ecologistas, que han señalado que es una "auténtica vergüenza" que el dictamen sobre Garoña "esté basado en criterios puramente políticos" y no técnicos, y han recordado al presidente del Gobierno que Aznar y González cerraron centrales.
Amigos de la Tierra, WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife han pedido al Gobierno el cierre "inmediato" de la central, porque es "peligrosa y sustituible", y han manifestado que José Luis Rodríguez Zapatero tiene una oportunidad para demostrar si apuesta por un modelo energético sostenible, renovable y eficiente.
Asimismo, han denunciado que el CSN haya minimizado "el grave estado de agrietamiento múltiple por corrosión que afecta a elementos de la vasija del reactor", entre otros.
Por su parte, Nuclenor, la empresa propietaria de Garoña, ha destacado que el informe avala la seguridad y buen estado de las instalaciones.
El Foro de la Industria Nuclear Española ha señalado que no hay razones "económicas, técnicas, medioambientales o de seguridad" para que el Gobierno decida cerrar la central, mientras que Alfredo González, alcalde del Valle de Tobalina (Burgos), donde se ubica la central, ha reclamado al Gobierno que acepte el informe del CSN.
El secretario general del PSCL-PSOE, Óscar López, ha apostado por "dar prioridad al desarrollo económico y el empleo" en la zona de influencia de la central nuclear, "sea cual sea" la opción.
Esta semana el PP, en el Senado, e ICV, en el Congreso, preguntarán a Zapatero sobre este asunto.