Esta partida supone un aumento del 3,7% respecto a los 667,61 millones de euros dedicados a los mismos programas en las cuentas de 2013.
En concreto, el Ejecutivo destinará 587,182 millones de euros a la innovación tecnológica de las telecomunicaciones, un 4,6% más, mientras que al desarrollo de la Sociedad de la Información dedicará 105,22 millones de euros, frente a los 106,32 millones de euros de los PGE de 2013.
Con estos programas la compañía financiará iniciativas para el impulso, desarrollo y consolidación de la Sociedad de la Información, tanto en el ámbito empresarial, como en el de las administraciones electrónicas y los ciudadanos.
En su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno ha explicado que en el ámbito de las tecnologías de la información se deben destacar la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la Agenda Digital para España, con el fin de establecer la estrategia para desarrollar la economía y sociedad digital durante el periodo 2013-2015.
La Agenda proporciona un marco de referencia "estable" y define la hoja de ruta en el sector y en la administración electrónica, para alcanzar los objetivos de la Agenda Digital para Europa, ha indicado el Gobierno.
Además, el Gobierno ha mencionado que está actualizando la normativa vigente de telecomunicaciones, lo que facilitará el despliegue de redes por los operadores y mejorará la extensión y velocidad de la banda ancha, favoreciendo el crecimiento económico a través del desarrollo de la economía digital y de la creación de nuevos modelos de negocio.
Así, la futura Ley General de Telecomunicaciones pretende simplificar los trámites para que los operadores inviertan en el despliegue de nuevas redes; recuperar la unidad de mercado; impulsar la simplificación eliminando licencias y autorizaciones, así como otras cargas; introducir medidas para permitir el acceso a las redes de operadores de otros sectores en condiciones de igualdad, transparencia y no discriminación.
Asimismo, esta normativa tiene como objetivo eliminar distorsiones de la competencia al fijar condiciones estrictas a los operadores públicos y garantizar igualdad de trato a todos los operadores, ha añadido. En concreto, en materia tributaria, se establece para la tasa general de operadores un esquema de ajuste automático a los costes incurridos por las Autoridades Nacionales de Reglamentación y se reduce su importe máximo.