La propuesta de modificación, que recoge Europa Press, hace referencia al polémico artículo 315 del Código Penal, incluido en el capítulo sobre los delitos contra los derechos de los trabajadores y que incluye las sanciones tanto para quienes impiden celebrar una huelga como para quienes obligan a otros a secundarla.
Así, la propuesta de los 'populares', que se justifica como "mejora técnica", pasa por reducir las penas de cárcel para quienes "mediante el engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga" de la horquilla de seis meses a tres años y medio actual, a un nuevo tramo de entre seis meses y dos años.
Las cuantías de las multas por este comportamiento se mantienen, pero se hace incompatible aplicar ambos castigos, por lo que el juez deberá elegir entre sancionar pecuniariamente o mandar a la cárcel a quien impida o dificulte el ejercicio de huelga.
PENAS AGRAVADAS
Pero, además, también hay cambios en relación con las penas agravadas, que ya no se aplicarán cuando los impedimentos a la huelga se realicen con "fuerza, violencia o intimidación", sino únicamente cuando se demuestre que ha habido "coacciones".
En estos casos, el castigo de cárcel posible se reduce de entre los actuales tres y cuatro años y medio de prisión a entre 21 meses y tres años, mientras que las multas se elevan desde los entre doce y 18 meses a entre 18 y 24 meses. También en este caso se deberá optar por una de las dos modalidades de castigo, o multa o prisión.
Estas mismas penas serán las aplicables a los piquetes que, en grupo o individualmente, coaccionen a otros a iniciar o continuar una huelga. Sin embargo, pese a la reducción, los trabajadores o sindicalistas que se vean en esta situación seguirán estando sujetos a castigos superiores que los que pueden sufrir quienes impiden el ejercicio a huelga.
De hecho, esta situación ha llevado a varias formaciones del Congreso --entre ellas el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) o el Bloque Nacionalista Galego (BNG)-- a exigir con varias iniciativas parlamentarias la abolición del artículo que permite castigar con penas de cárcel a los piquetes informativos, unas propuestas que hasta la fecha no han conseguido salir adelante debido a la mayoría absoluta del PP.