Para reforzar la seguridad jurídica y adaptar su contabilidad a las normas internacionales, el Gobierno considera que "no tiene sentido" valorar los activos en función del beneficio económico, por lo que tendrá en cuenta que éstos generen rendimientos aprovechables en la actividad futura.
El decreto aprueba también un modelo general de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, cuyo grado de cumplimiento debe incluirse en la memoria de las cuentas anuales.
En este plan se deberán concentrar los datos que permitan comprobar el grado de realización de cada actividad o el grado de cumplimiento de los objetivos, de forma que se da una mayor homogeneidad y transparencia a la información suministrada por estas entidades.