"Son zonas muy amplias y, si es posible, contar con la colaboración en las tareas de limpieza con personas que reciben prestación por desempleo, el decreto permite que las administraciones y organizaciones no gubernamentales las empleen de esta manera", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Ésta es una de las novedades que incluye el Real Decreto Ley de medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y por otras catástrofes naturales con el objetivo de "restaurar el daño causado y ayudar a que las zonas afectadas y sus habitantes vuelvan cuanto antes a la normalidad".
Santamaría ha lamentado que este verano haya sido "muy duro y difícil" para muchas comunidades autónomas a causa de los incendios, que han causado la muerte de nueve personas y arrasado alrededor de 180.000 hectáreas.
La vicepresidenta ha señalado que este decreto cubrirá no sólo las catástrofes ocurridas hasta la fecha, sino que se amplía a los fuegos que puedan producirse hasta el 1 de noviembre, que es cuando finaliza la temporada de incendios forestales.
Si bien ha indicado que el Gobierno no cuenta con una estimación del coste de estas medidas, porque está a la espera de que las comunidades afectadas valoren el alcance de estos desastres, también ha asegurado que se ha solicitado la aplicación del Fondo de Solidaridad Europeo, que ya se ha tramitado para el fuego de Valencia y "posiblemente" se amplíe a otras zonas.
"Vamos a intentar que haya una contribución de la Unión Europea habida cuenta del volumen que han tenido estos incendios y de cómo han afectado a zonas de riqueza medioambiental y turística muy importantes", ha asegurado.
El decreto contempla ayudas para daños personales, materiales y enseres; ayudas a personas físicas y jurídicas; ayudas para el alquiler, reparación y reconstrucción de viviendas para propietarios, inquilinos y comunidades de propietarios para los espacios comunes; subvenciones por daños en infraestrucruras municipales, en la red viaria de diputaciones y cabildos por las que se podrá cubrir hasta el 50 por ciento de su coste.
También incluye medidas fiscales, como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los inmuebles gravemente dañados o reducciones en el impuesto de actividades económicas correspondiente a 2012. Además, las ayudas estarán exentas del IRPF y habrá reducciones fiscales importantes para las actividades agrarias.