España pertenece al GAFI desde su fundación. Las últimas recomendaciones de este organismo, de febrero de 2012, no han sido incorporadas todavía en una Directiva comunitaria, pero España ha decidido adelantar su aplicación.
Con esta nueva regulación se pretende incrementar la eficacia del modelo de prevención incorporando un enfoque orientado al riesgo exigible tanto para el sector público como privado.
El reglamento concreta algunas obligaciones de los "sujetos obligados": medidas de diligencia debida en cuanto al conocimiento e identificación de los clientes y comunicación de operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
Además, concreta y desarrolla el concepto del enfoque de riesgo establecido en la Ley para concentrar los esfuerzos de control en aquellos clientes, operaciones o productos que presentan más riesgos. Por último, refuerza los órganos de representación institucional para dar cabida a nuevas parcelas de actividad.