El presidente del Grupo Vieira, Eduardo Vieira, ha asegurado este viernes que mantiene abiertas "vías de negociación" para evitar la expropiación de la filial argentina que la firma posee en el país austral.
En declaraciones a Europa Press, reveló que la compañía está intentando "encontrar la forma" para que dicho proyecto legislativo "no se lleve a cabo" y se mostró "seguro" de poder alcanzar este propósito. Con todo, prefirió no aclarar qué "vías" maneja para lograr este objetivo.
El presidente del grupo gallego ha puntualizado que se trata de un "proyecto legislativo" -presentado por cuatro diputados del partido al que pertenece la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner- y que todavía "no es una expropiación".
Vieira señaló que esta iniciativa "llega en un momento en el que la empresa está intentando funcionar con normalidad", en referencia al concurso de acreedores en el que se encuentra inmersa, pero apuntó que la filial argentina "está dando los pasos adecuados para generar recursos" y "cuenta con activos importantes".
Por ello, ha reconocido que la iniciativa legislativa para que "se declare la utilidad pública y sujeto a expropiación" la empresa "entorpece" los planes de Vieira para que la filial en Puerto Deseado, al sur de Argentina, "vuelva al punto en el que estaba".
La noticia sobre el proyecto de expropiación de Vieira Argentina ha coincidido con un viaje que el presidente del grupo ya tenía programado al país suramericano. "Vine por otras razones, pero ahora tendré que encarar en cierta medida este tema", ha explicado a Europa Press. Por último, Vieira ha indicado que a pesar del proceso concursal se encuentra "con el ánimo de sacar la empresa adelante".
PROYECTO DE LEY
Esta posible expropiación se produciría después de que cuatro diputados miembros del partido de la presidenta hayan presentado un proyecto de ley para que "se declare la utilidad pública y sujeto a expropiación" de la filial de la armadora Vieira en Argentina, ubicada en la provincia de Santa Cruz.
La formación de Kirchner acusa a la compañía de adeudar un total de 4,4 millones de euros a los 150 trabajadores de la planta de Puerto Deseado, situada al sur del país, por el impago de sus salarios. Las autoridades argentinas y los sindicatos esperan que en dos semanas se pueda aprobar este proyecto.