Ambos institutos requieren contar con los medios necesarios para mantener y desarrollar las aplicaciones existentes que dan soporte a los procesos de gestión de cada entidad.
Además, el Gobierno indica que también es necesario adaptar las aplicaciones a la nueva legislación en los plazos establecidos, así como contar con la capacidad para afrontar los cambios normativos que se puedan dar en el período de vigencia del contrato.