Según consta en la propuesta, que recoge Europa Press, el objetivo de IU-ICV es que el Ejecutivo modifique la legislación sobre la obligación de reserva de la información bancaria para que "las entidades y demás personas sujetas a la ordenación y disciplina de las entidades de crédito queden exceptuadas de la obligación de guardar reserva de las informaciones relativas a los saldos, posiciones, transacciones y demás operaciones de sus clientes".
De esta manera, deberán atender "cualquier solicitud de documentación e información de estos datos por parte de las administraciones públicas en asuntos que tengan relación con investigaciones de carácter fiscal o de la Seguridad Social".
HAY JURISPRUDENCIA.
Según la coalición de izquierdas, existe diversa jurisprudencia que avala esta posición, por lo que "se deberían adoptar las medidas oportunas para clarificar la situación legal y evitar la innecesaria litigiosidad de las entidades amparada en un supuesto deber de reserva que no debe prevalecer sobre el interés público y constitucional de contribuir conforme a la capacidad contributiva de sus clientes".
En concreto, la Izquierda Plural cita los fallos de la Audiencia Nacional desestimando recursos del BBVA, el Banco Santander Central Hispano (BSCH) y BANIF contra requerimientos de Hacienda para obtener información sobre cuentas bancarias abiertas en 2008 y que hubieran registrado ingresos anuales superiores a los tres millones de euros.
Aunque el fallo desestimatorio es recurrible ante el Supremo, el grupo parlamentario también recuerda que este tribunal fijó doctrina en noviembre de 2011, cuando desestimó un recurso similar del Banco de Andalucía alegando que "el deber de colaboración con la Administración Tributaria se impone sin más limitación que la trascendencia tributaria de la información solicitada", según citan la sentencia.
Un tercer ejemplo es el de El Corte Inglés o Sistemas 4B, S.A., que en los últimos meses han visto rechazados sendos recursos contra los requerimientos de información planteados por Hacienda sobre clientes con gastos superiores a los 30.000 euros anuales.