Así consta en la moción consecuencia de la interpelación planteada este miércoles a la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Sin embargo el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, no será debatido ni votado hasta la segunda semana de octubre, es decir, más de una semana después de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley, lo que está previsto para este mismo viernes.
En cualquier caso, IU-ICV-CHA instará al resto de formaciones parlamentarias a apoyar su moción, que además recoge algunas propuestas para aportar ingresos adicionales al sistema de la Seguridad Social para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones como a su entender provocará el cambio planteado por el Ejecutivo.
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA
Entre otras cosas, sugieren la utilización "ordenada" del fondo de reserva de las pensiones y su refuerzo con una nueva 'contribución solidaria'. Además, proponen que las actuales reducciones de cotización se conviertan en bonificaciones para que no se carguen a las cuentas de la Seguridad Social sino a los Presupuestos, que se termine el proceso de separación de fuentes de financiación para que haya una mayor aportación fiscal y que sea el Estado el que se haga cargo de los gastos de gestión y personal administrativo.
En la misma línea, plantean un incremento "progresivo" de las bases de cotización máximas y mínimas en paralelo con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la inclusión en la base de cotización de todos los conceptos que hoy están excluidos, como dietas o pagos en especie, que sí tributan fiscalmente pero no a la Seguridad Social.
En cualquier caso, la Izquierda Plural argumenta que los problemas del sistema de pensiones no se resolverán si no se cambian las políticas de austeridad que están provocando un aumento del paro y una reducción salarial, lo que a su vez impacta en las cotizaciones, y ha recordado que el gasto en pensiones en España está aún por debajo de la media comunitaria.
Por último, aprovecha para criticar una vez más la propuesta de reforma de las pensiones planteada por el Ejecutivo porque "acaba con el derecho de los pensionistas a la revalorización y les condena a la pérdida de poder adquisitivo" que no se recuperará ni siquiera en épocas de bonanza, en lo que supone una "flagrante vulneración" de la Constitución.