En la iniciativa, que recoge Europa Press, la coalición critica que la actividad de la Sareb sea "del todo desconocida por la ciudadanía" y que el Gobierno no contribuya a su transparencia, alegando que es una empresa privada y que no puede "invadir su autonomía de información" cada vez que un grupo de la oposición pregunta por su inventario.
"Los ayuntamientos exigen a la Sareb el derecho a conocer los inmuebles disponibles en sus municipios y el derecho a acceder a una vivienda digna por medio de la cesión o alquiler social para satisfacer sus necesidades sociales", recuerda IU-ICV-CHA, que cree que como "salvavidas público constituido para dar solución a la viabilidad de las entidades financieras que asumieron mayor riesgo inmobiliario" el 'banco malo' debería "garantizar la máxima transparencia para evitar un nuevo cheque en blanco" y nuevas consecuencias negativas para la ciudadanía.
INFORMAR SOBRE EL CONTROL PÚBLICO.
Por ello, reclama al Gobierno que realice las modificaciones legales necesarias para que la Sareb haga pública en el plazo máximo de tres meses una memoria con todo el inventario de su cartera y sus características --suelos y viviendas, ubicación, tipología de vivienda, antigüedad y precio medio-- así como las operaciones realizadas en la venta de activos y el perfil de los clientes.
Asimismo, también exige que se incluya en el documento información relativa a los mecanismos de control públicos aplicados ante la "eventual entrada especulativa de inversores privados", ejecutadas para "evitar operaciones de compra de los inmuebles a bajo coste sin garantizar la libre concurrencia de posibles inversores públicos y sociales".
La Sareb se creó por ley en noviembre de 2012 como parte del proceso de reestructuración del sistema bancario, y se encarga de la administración y enajenación de activos procedentes de las entidades que han recibido ayudas públicas. En total, ha recibido 197.474 activos por un volumen de 50.653 millones de euros, y ahora cuenta con quince años para culminar el proceso de desinversión buscando la máxima rentabilidad para sus accionistas.
Su capital social está aportado al 45% por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y al 55% por entidades privadas, entre las que se cuentan inversores privados y públicos, incluyendo 14 bancos nacionales, dos bancos extranjeros, una compañía eléctrica y diez aseguradoras.