Báñez ha destacado que el impacto económico global del plan de lucha contra el fraude supera los 18.237 millones de euros desde el año 2012 hasta febrero de 2017. En ese periodo de tiempo y, gracias a las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo, han aflorado 430.773 empleos irregulares.
Asimismo, desde la puesta en marcha del plan, se han detectado 6.101 empresas ficticias, es decir, empresas sin actividad real, constituidas con el único objetivo de facilitar el acceso indebido a prestaciones.
La ministra ha trasladado el compromiso de todas las administraciones en la lucha contra el fraude laboral y ha subrayado que la calidad de un empleo "comienza con el derecho a tener un contrato, a estar afiliado a la Seguridad Social, a tener formación, pensión de jubilación o prestaciones".