En concreto, Moody's ha elevado doce ratings de depósitos a largo plazo, ha afirmado uno, ha confirmado cinco y ha rebajado dos, mientras que en el caso de las calificaciones de depósitos a corto plazo ha aumentado cinco, afirmado dos y confirmado tres.
Asimismo, ha mejorado los ratings de deuda senior no garantizada a largo plazo de ocho bancos, ha confirmado dos y ha rebajado otras dos. En el corto plazo, ha elevados dos calificaciones y ha afirmado.
Por otro lado, la agencia ha afirmado 13 calificaciones BCAs, afirmado una y elevado seis, al mismo tiempo que ha asignado a las 20 entidades un rating de contrapartida, tal y como recoge su metodología.
Por otra parte, la agencia ha asignado una perspectiva 'estable' a todos los ratings, con la excepción de Santander, Santander Consumer Finance, Catalunya Banc, Abanca y Caja Rural de Navarra, para quien es 'positiva', e Ibercaja Banco, para quien es 'negativa'.
En el caso de Banco Santander, la agencia ha mejorado en un escalón la calificación de la deuda senior a largo plazo y depósitos, desde 'Baa1' a 'A3', situando la perspectiva en 'positiva'.
En lo que se refiere a BBVA, ha subido su rating de deuda senior en un escalón, desde 'Baa2' a 'Baa1', con perspectiva 'estable', y la calificación de depósitos en dos escalones, desde 'Baa2' a 'A3'.
Asimismo, ha situado los ratings a largo plazo (depósitos y deuda senior) de CaixaBank en 'Baa2' desde 'Baa3', con perspectiva 'estable' desde revisión positiva'.
También ha revisado al alza las calificaciones crediticias de Bankinter, mejorándolo en dos escalones el rating para depósitos a largo plazo, que ha pasado a 'Baa1', y en un escalón el rating de la deuda senior no garantizada, pasando a ser este 'Baa2', ambos con perspectiva 'estable'.
Después de la publicación de la nueva metodología, la agencia ha tenido en cuenta para revisar las notas de los bancos el perfil macroeconómico de España y la mejor perspectiva para los fundamentos financieros de los bancos como consecuencia del fortalecimiento del entorno operativo.
Asimismo, ha tenido en cuenta la protección ofrecida a los depositantes y los acreedores senior en caso de resolución, así como la menor probabilidad de que el Gobierno apoye a todos los bancos españoles en caso de necesidad.