En concreto, la oficina antifraude comunitaria pidió recuperar 624 millones procedentes de fondos estructurales y sociales, casi 98 millones de aranceles y comercio, 76,1 millones de ayuda exterior, 36,8 millones de fondos agrícolas, 10,4 millones de nuevos instrumentos financieros y 900.000 euros de la cifra destinada al personal de las instituciones.
Así, la OLAF dirigió el año pasado 364 recomendaciones, de las cuales la mayoría eran de naturaleza financiera bien para reclamar fondos comunitarios o para evitar desembolsos ante prácticas fraudulentas, aunque crecieron las recomendaciones disciplinarias y administrativas con respecto a 2014.
Además, según los datos publicados este martes, el departamento comunitario concluyó en todo el año pasado 304 investigaciones, con el foco puesto en finalizar aquellas que se prologaban más de 20 meses. De esta forma, destaca la OLAF en el estudio, la oficina tiene ahora la cifra más baja de investigaciones abiertas de larga duración en los últimos tres años.
Al mismo tiempo, durante el año pasado la oficina comunitaria antifraude inició 219 nuevas investigaciones, una cifra que considera "particularmente elevada" en una coyuntura de reducción del personal del departamento.
El director general de la OLAF, Giovanni Kessler, ha subrayado la rueda de prensa de presentación del informe que "la capacidad antifraude de la UE está en su máximo nivel", al mismo tiempo que ha añadido que el departamento que dirige "protege el interés de los ciudadanos de una forma muy efectiva y con un impacto notable".
Por otro lado, el estudio también destaca que los Estados miembros informaron a la OLAF entre 2013 y 2015 de un total de 32.893 prácticas irregulares en relación al uso de fondos estructurales y agrícolas. España fue el país que más casos remitió, con 6.853, seguido de Rumanía y Polonia.
Asimismo, los socios comunitarios informaron de 16.120 prácticas irregulares en relación a los recursos propios tradicionales del presupuesto comunitario (principalmente aranceles). En este sentido, España fue el quinto país que más casos remitió, con un total de 1.114, sólo superado por Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Francia.