Así, la socialista María González Veracruz comparte la importancia de la economía digital, "tractora" de otros sectores y "fundamental" para la salida de la crisis, pero cree que el proyecto de ley del Gobierno es "anticuado", promulga la "no competencia" entre operadores, impone la "pura y dura rentabilidad de las empresas" como único criterio y es "insolidaria" al "no garantizar la cohesión territorial", lo que generará "mayor desigualdad económica y social, incrementando la brecha digital".
Además, considera que se "dificulta" la extensión de redes de alta velocidad, "impidiendo un verdadero modelo económico alternativo", y que se "olvidan los derechos de los ciudadanos" al primar el interés privado al público. "Esta ley generará un gran caos administrativo en el despliegue de redes, e inseguridad y trabas para que desde las políticas públicas se garantice la cohesión", ha añadido, criticando que el Gobierno no haya buscado más colaboración con las administraciones territoriales, fundamental en el "éxito" conseguido por los anteriores Ejecutivos socialistas. territorial y social.
"Lo que tenía que ser un proyecto de ley de futuro es una oportunidad perdida, un retroceso tal y como se plantea. El país necesita mucho más. Éste es un proyecto muy poco ambicioso", ha añadido la diputada, tendiendo la mano al Gobierno para "reconstruir" el texto y conseguir otro modelo de desarrollo de las telecomunicaciones, que respete las competencias autonómicas y locales, fortalezca las competencias y la independencia de la CNMC de tal manera que se logre una bajada de precios.
LEY DE LA "PATADA EN LA AZOTEA"
Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Chesús Yuste ha acusado al Gobierno de "ignorar las directrices de la UE" en esta materia y de presentar una norma que "no garantiza el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital", sino que se limita a "desregular lo público en beneficio de las grandes operadoras, invadiendo una vez más las competencias locales y autonómicas, y abandonando los más elementales principios de precaución y prudencia" en un ámbito "tan sensible" como el de la protección de la salud.
Además, ha reprochado que se deje "indefensos" a los ciudadanos en sus quejas por la instalación de antenas, y ha señalado que el Gobierno "renuncia a toda capacidad pública en la regulación, sólo para favorecer la actividad de los grandes grupos privados de comunicación". "El ministro pone al país al servicio de las grandes corporaciones y no al revés. A este Gobierno no se le ocurre idea buena, ahora llega el turno de la ley de la patada en la azotea. Soria sigue haciendo méritos para que le adopten en un consejo de administración cuando deje el Gobierno", ha zanjado.
INVASIÓN COMPETENCIAL
Inmaculada Riera, de CiU, cree que este proyecto de ley es "poco ambicioso pese a afectar a un sector tan importante transversal como la economía digital" y critica que se limite su contenido a las telecomunicaciones, sin regular todas las comunicaciones electrónicas, como es la voluntad de la UE y de muchos estados europeos, "más para justificar un modelo de estado que por razones regulatorias a futuro" que dé seguridad jurídica.
Además, ha lamentado que se excluya la participación y colaboración con las administraciones territoriales, vulnerando sus competencias. "Compartimos la necesidad de una nueva ley para el sector y algunos aspectos de este proyecto, pero tal y como está presentado perdemos oportunidad de establecer un nuevo marco de impulso a las tecnologías de información y comunicación", ha dicho, expresando su deseo de conseguir una mejora del texto para crear un "marco de competencia real y de apertura, que garantice los derechos de los consumidores, el acceso universal y la neutralidad de la red".
Por ERC, Teresa Jordá ve "inasumible y descarada" la invasión competencial que conlleva esta norma, a pesar de la necesidad de garantizar el control público en la instalación de antenas y sus condiciones para proteger la salud de los ciudadanos, y ha lamentado que no se garantiza la lucha contra la brecha digital ni la cohesión social y territorial.
A LA ESPERA DE PACTAR CAMBIOS
Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, lamenta el "atraso" de España en el desarrollo de la economía digital, fundamental para propiciar un cambio de modelo productivo, y, aunque valora la "clarificación de la dispersión competencial" cree que "una vez más se da un trato de favor a los operadores con posición dominante", lo que dificultará la inversión y la competencia efectiva, y dejará desprotegidos a los usuarios.
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha explicado que "por espíritu de pacto" y con la "esperanza" de que se puedan acordar cambios durante la tramitación del proyecto su grupo no ha presentado enmienda de totalidad. "Preferimos corregir que protestar", ha dicho, avisando no obstante que "si no es posible un acuerdo razonable sin ninguna duda" votarán en contra.
Ana Oramas (CC-NC) ha anunciado su abstención a pesar de considerar que este proyecto de ley está hecho "a espaldas de las comunidades autónomas", cuyas competencias invade, y lamenta que no se garantice la cohesión social y territorial, ni se protege "como debiera" a los usuarios. "Si el Gobierno no la corrige condenará a las zonas poco pobladas y menos rentables a estar más aisladas y sin coberturas de redes de nueva generación", ha avisado.
CIMIENTOS DE LA ECONOMÍA DIGITAL
El 'popular' Javier Puente ha destacado que esta ley "permitirá forjar los cimientos de la economía digital", fundamental para evitar "quedar atrás en la carrera de la competitividad empresarial y el bienestar ciudadano". "Es una ley necesaria porque el sector de las telecomunicaciones está renovando sus infraestructuras tecnológicas y porque tras quince años de liberalización" se puede trasladar a los usuarios mejores condiciones de precios.
Además, el diputado ha asegurado que se trata de un texto "consensuado por todo el mundo" y ha recordado que con ella se conseguirá "un marco regulatorio más estable, que fomente la inversión y elimine la inseguridad jurídica y las barreras que impiden el desarrollo de las redes de nueva generación", además de propiciar una "mayor cobertura y una bajada de precios" para los usuarios, cuyos derechos se ven "reforzados".
Finalmente, ha citado datos de la OCDE según los cuales por cada aumento del 10% en la penetración de la banda ancha se consigue un incremento del PIB de entre el 1% y el 1,5%, mientras que ese aumento en un año conlleva que la productividad se eleve un 1,5% durante un lustro. Por ello, ha rechazado las enmiendas de la oposición y ha esperado que se puedan acordar mejoras en el texto durante su tramitación.