La diputada Sofía Hernanz, miembro de la Dirección del Grupo Parlamentario Socialista, ha defendido su propuesta, que pasa por modificar el Estatuto de los Trabajadores para "garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados".
"Pretendemos algo tan sencillo como evitar que trabajadores del mismo centro, con idéntico horario y desarrollando las mismas funciones, cobren menos, o mucho menos, según si están contratados o subcontratados. Nuestra petición es muy clara: mismo trabajo, mismo salario. Otra cosa nos parece de una desigualdad inaceptable", ha insistido.
A renglón seguido, ha achacado a la reforma laboral de 2012 una "pérdida brutal de derechos muy extendida y muy dañina", al haberse facilitado la externalización de servicios y priorizarse los convenios de empresa por encima de los sectoriales, con la consecuente "reducción" de derechos y salariales. Como ejemplo, ha mencionado la situación en Telefónica-Movistar.
PROPUESTA CORTA
El portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, cree que la propuesta "se queda corta", aunque valora que se presente una iniciativa contra "una cultura empresarial predominante que hace de la degradación salarial la principal estrategia de competitividad" y en la que ha "profundizado" la reforma laboral del PP.
Así, aunque reconoce que la subcontratación permite mejorar la productividad y la especialización, critica que "hoy lo que prima no son empresarios que asumen riesgos, sino capitalistas que externalizan sus riesgos a terceros" mediante una "estrategia de subcontratación de servicios y de precarización total" que, además, "rompe la cohesión de los trabajadores".
También la diputada del PNV Isabel Sánchez Robles cree que la propuesta es "aceptable aunque modesta" para solucionar un sistema de "subcontratación en cascada sin límite" que se ha "consolidado" en España y que diluye las responsabilidades, degrada las condiciones de los trabajadores, incrementa los riesgos laborales y perjudica la estabilidad laboral. No obstante, ha apuntado que también hace falta una "contundente actuación inspectora" que evite estos abusos.
Por ERC, Joan Tardà ha recomendado a los socialistas "no cacarear demasiado" porque su regulación de la subcontratación en la construcción tampoco fue muy acertada aunque fuera "un paso hacia adelante". No obstante, ha reconocido que "el escenario actual es horroroso". "Estamos instalados en la selva con una nueva clase trabajadora que aspirará a trabajar para ser pobres", ha lamentado.
Olaia Fernández Davila (BNG) coincide en que las condiciones de los trabajadores son "draconinanas" y "de esclavitud", y critica que "no sólo la ley es contraria al derecho de los trabajadores sino que luego el Gobierno no controla las irregularidades que cometen las empresas". "Es la reforma laboral del PP la que permite estos grandísimos desmanes", ha añadido.
NO DEMONIZAR LA SUBCONTRATACIÓN
Por su parte, Álvaro Anchuelo, portavoz económico de UPyD, ve acertado que "no se demonice la subcontratación", aunque coincide en que hay que luchar contra los abusos y la degradación de condiciones laborales que "a menudo" tienen lugar, incluso a pesar de la regulación en vigor. No obstante, no cree que haya que estipular "la igualdad total por imperativo legal, con los inconvenientes" en materia de libertad de empresa o negociación colectiva que puede tener, sino que considera que sería más conveniente revisar la reforma laboral, que puede estar en la raíz de esta situación.
Carles Campuzano, portavoz laboral de CiU, coincide en que la competitividad "no puede depender de bajar salarios sino de la formación, la capacidad tecnológica y una mayor solidez del tejido empresarial", pero advierte también de que "no se puede tener la nostalgia de creer que las viejas regulaciones de las economías cerradas es será útil hoy".
Por eso, aplaude la apertura de un debate social y político sobre este tema para avanzar hacia una regulación "inteligente" que "proteja los derechos de los trabajadores sin impedir una adecuada utilización de la subcontratación", porque eso sería un "gravísimo error" para el empleo y las pymes de algunos sectores.
ES UNA "PURA CONTRADICCIÓN"
Sin embargo, la portavoz 'popular' de Empleo, Carmen Álvarez-Arenas, cree que el texto socialista es una "pura contradicción en sí misma", ya que supone "anular" la externalización de servicios, que "hace más racional, eficiente y competitiva la actividad principal de la mayoría de las empresas".
"Nos ponen como ejemplo el sector de la hostelería, reconociendo que ha iniciado antes que otros la recuperación y en el que la externalización se está extendiendo. Luego ahí hay algo que funciona. ¡Pues ala, a terminar con ello y a afectar al empleo! Ustedes siempre haciendo aportaciones favorables a la creación de empleo y al crecimiento", ha reprochado.
A renglón seguido, ha insistido en que confundir a las subcontratas --que proveen servicios y obras-- con las ETTs --que aportan trabajadores-- es equivocado y llevaría al "cierre de multitud de empresas y al despido de miles de trabajadores". Algo que "tampoco es diferente del resto de propuestas socialistas o de sus políticas cuando gobiernan". "Cierre de empresas y generación de paro es sinónimo de Partido Socialista", ha apostillado.
Por último, la diputada 'popular' ha alegado que la modificación normativa propuesta "atenta contra la libertad de empresa consagrada en la Constitución", genera inseguridad jurídica, "atenta" contra la libertad de la negociación colectiva, "desconoce la realidad de la externalización" y "atenta contra los intereses de los trabajadores".
APOYO A LOS TRABAJADORES DE MOVISTAR
Desde la tribuna de invitados, los secretarios generales de las federaciones de Hostelería de UGT y CC.OO. de Baleares han seguido el debate, que se ha celebrado coincidiendo con el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo y durante el que los portavoces de izquierdas han hecho apelaciones a la celebración del Día de los Trabajadores el 1 de mayo.
Además, diversos diputados han puesto como ejemplo de los efectos nocivos de la externalización a los trabajadores de las subcontratas de Telefónica-Movistar, que actualmente están en huelga indefinida en protesta por sus condiciones laborales.
De hecho, durante la intervención de Coscubiela, media docena de representantes de la Izquierda Plural se han puesto en pie y han mostrado unos carteles en los que se podía leer 'Solidaridad con los trabajadores de subcontratas de Movistar', y que han tenido que retirar al segundo aviso del presidente del Congreso, Jesús Posada.