El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves las nueve enmiendas de totalidad que todos los grupos de la oposición han presentado contra el proyecto de ley de Garantía de la Unidad de Mercado, acusando al Gobierno de incentivar el 'dumping' regulatorio y la competencia a la baja entre comunidades autónomas para atraer empresas.
El PP ha impuesto su mayoría absoluta para, junto con UPN y FAC, rechazar todas las peticiones de devolución al Gobierno del proyecto de ley, que ahora proseguirá su tramitación en la Cámara Baja y que según el diputado 'popular' Vicente Martínez-Pujalte "va de libertad, de no tener cadenas y de que las empresas puedan operar con libertad en todo el territorio nacional".
Además, ha defendido que el PP consiguió la mayoría absoluta para "hacer este tipo de reformas" contra problemas "estructurales" como la fragmentación del mercado, y ha esperado que el proyecto salga mejorado con aportaciones de la oposición para "hacer la mejor ley posible" y seguir avanzando en el "buen camino" de salida de la crisis en el que ya está el país.
"NO PUEDE HABER CORRALITOS REGULATORIOS"
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha tomado la palabra para negar que la norma invada competencias o sea inconstitucional, ya que "promueve la eficiencia regulatoria" dotando de eficacia en todo el país a normativas autonómicas; o para rechazar que provoque desregulación o 'dumping' normativo, apuntando que se "confía plenamente" en los gobiernos regionales y en el principio de buen gobierno.
"Yo no esperaría una competencia a la baja, sino una eliminación del marco regulatorio de lo que se considere superfluo e innecesario", ha pronosticado, rechazando los "corralitos regulatorios" porque perjudican a la competitividad empresarial e impiden que la economía supere sus "defectos estructurales" que hace que en época de crisis se comporten peor que otros países.
UNIDAD NO ES UNIFICAR
El portavoz socialista Joan Rangel ha recordado que "tan mala es la hiperregulación como la desregulación", apuntado que esta última "puede conducir a un desastre total" como demuestra la crisis actual, que tuvo su origen en una regulación "laxa". Además, ha afirmado que la competitividad no tiene por qué ser contraria a la cohesión social, y ha señalado que los problemas actuales no se deben a la disparidad normativa, sino a su aplicación.
"En lugar de resolver un problema van a crear 17. Ni unidad es sinónimo de uniformidad, ni regulación eficiente debe ser equivalente a desregulación a la baja. Y, en cualquier caso, los principios que deberían regir las relaciones entre poderes públicos son los de la cooperación y lealtad institucional, y nunca la jerarquía propia de un estado centralista", ha dicho, acusando al Ejecutivo de empujar a las comunidades a competir entre sí para tener una menor regulación para atraer inversiones.
El socialista ha coincidido por último en que "hay que seguir trabajando en mejorar la regulación para favorecer una competencia efectiva entre empresas y liberarlas de costes innecesarios", pero ha rechazado un modelo que "actúa con una clara visión recentralizadora" y que está "cargado de ideología neoconservadora que generará mucha incertidumbre, más costes que beneficios, una innecesaria litigiosidad y desprotegerá el interés general", ha zanjado.
EL ESTADO HACE DEJACIÓN DE FUNCIONES
Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela ha negado al Gobierno la "autoridad" para hablar de simplificación normativa cuando se caracteriza por su "sobreabundancia" legislativa y por su conversión en una "jungla"; o para tratar de incentivar la competencia, ya que "son liberales para desregular derechos pero ultraintervencionistas cuando se trata de proteger los derechos de los oligopolios derribando los órganos de competencia".
Además, cree que, pese a las "dulces" palabras del ministro, los objetivos "ocultos" de la norma son "la desregulación a la que el Gobierno llama liberalización, la uniformidad política y el incentivo de una política de competitividad basada en el 'dumping' regulatorio". Asimismo, cree que la ley se basa en una "visión dogmática" de la unidad de mercado que afecta a las competencias autonómicas, no porque se recentralicen sino porque se las hace competir, lo que será "fuente de conflictividad y litigiosidad".
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha lamentado que la fragmentación del mercado hace "muy difícil a los empresarios cumplir con la legalidad" y que este problema no se haya afrontado antes. Sin embargo, duda de la eficacia del principio de prevalencia de la normativa de origen, que provocará un "mercadeo" regulatorio y deslocalizaciones en función de dónde haya menos requisitos, además de una "competencia a la baja de regulación a mínimos".
Además, cree que lejos de recentralizar, con esta norma "el Estado abdica de su función por ese complejo que tiene a intervenir" y serán unas regiones las que 'invadan' competencialmente a otras sin ninguna legitimidad. "El Estado se quita de en medio y deja a las comunidades que se arreglen entre ellas", ha insistido, señalando que se debería crear una legislación básica y armonizar normativas.
VULNERA COMPETENCIAS AUTONÓMICAS
Por CiU, Josep Sánchez Llibre ha afirmado que el proyecto parte del "grave y gran error" de "identificar la unidad de mercado con la uniformidad" normativa, que se podría asimilar a "la España una, grande y libre". Así, ha calificado la ley de "intervencionista, burocratizadora, vulneradora de las comunidades, uniformadora, centralizadora y, por todo ello, inconstitucional".
Además, ha afirmado que esta ley "expropia" competencias regionales para "atribuirlas a la comunidad que menos regule y menos requisitos exija". "Con ello se favorecerá no sólo la conversión de algunas comunidades en paraísos administrativos sino también en auténticos parásitos económicos, que atraerán la riqueza ajena con regulaciones de mínimos", ha advertido.
El diputado del PNV Emilio Olabarria ha ironizado con que el Gobierno, en lugar de seguir una vía tan "trabajosa, con proyecto de ley tras proyecto de ley cada vez más imaginativos, debería abrir otro proceso constituyente para acabar con las comunidades autónomas" de un modo más sencillo, y se ha preguntado "en qué no es único el mercado español".
"Sólo tiene razón en la gran proliferación de normativas y en que hay que atajar ese gran leviatán normativo, pero lo tienen que hacer ustedes, que son los que más fecundidad normativa tienen", ha dicho. Además, ha insistido en la inconstitucionalidad de la norma por recentralizar competencias autonómicas y en que busca uniformizar los mercados.
La portavoz de CC-NC, Ana Oramas, ha criticado la "intromisión ilegítima" que hace el Gobierno en la autonomía de las comunidades, y ha advertido de un "caos normativo imprevisible y una distorsión del modelo autonómico" con la "imposición" de normativas de unas regiones en otras. "Es un disparate jurídico y político colosal", ha añadido.
Por ERC, Teresa Jordà ha reprochado que se dé "pistoletazo de salida a una competición en espiral entre comunidades autónomas en la que gana quien más desregule, sobre todo en derechos". "Lo que ustedes llaman 'maraña legislativa' es el estado autonómico, y lo que llaman barreras son derechos sociales", ha recordado.
Olaia Fernández Davila (BNG) ha rechazado el proyecto por su "marcado carácter uniformizador y centralizador" y porque conlleva una "clara invasión" de competencias autonómicas, mientras Rafael Larreina (Amaiur) cree que tras ella hay "un modelo político y social recentralizador" que vulnera competencias y desregula los mercados cuando se deberían estar integrando en el mercado único europeo.