En la iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en la Comisión parlamentaria de Agricultura, los socialistas explican que las concesiones de explotación de las centrales hidroeléctricas, concedidas para 75 años, están empezando a extinguirse, lo que conlleva la reversión a las administraciones públicas de "todos los elementos que constituyan el aprovechamiento".
Esto incluye los embalses, derivaciones, tomas de desagües en el cauce público, maquinaria productora de energía, terrenos y edificios destinados al aprovechamiento y cualquier otra construcción sobre terreno de dominio público.
NO SÓLO IRÁ AL ESTADO
Así, en la normativa que dio lugar a las concesiones, se preveía que la reversión se hiciera en favor del Estado a través de las conferencias hidrográficas. Sin embargo, la cesión de competencias de agua a las comunidades autónomas y a algunos ayuntamientos ha modificado esta situación, por lo que la devolución de las instalaciones deberá realizarse a cada administración competente.
Esto incluye a las entidades locales, que deberán recibir lo que esté construido fuera del dominio público hidráulico, en monte público o en dominio público forestal local.
Para evitar conflictos de intereses, el proyecto de real decreto del Plan Hidrológico del Ebro se habría incluido, según el PSOE, un artículo que prevé la reversión de "cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, como las restantes obras del aprovechamiento e instalaciones electromecánicas de la central", lo que dejaría a los ayuntamientos sin derecho a recuperar los bienes en su territorio.
Lo mismo sucedería con los propietarios particulares que, en su momento, fueron expropiados y que "ahora tendrían derecho a la reversión de los terrenos utilizados en la construcción de la central y que estuvieran situados fuera del dominio público hidráulico".
AL MENOS EL 20% DEL BENEFICIO
Así, para evitar esta pérdida patrimonial a los consistorios, los socialistas reclaman al Gobierno que en los reales decretos que se aprueben para garantizar la reversión de los bienes se recojan "las pautas y condiciones necesarias" para analizar cada una de las situaciones, contando para ello con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los particulares afectados.
Asimismo, esas previsiones legales deberían incluir las compensaciones a percibir por los ayuntamientos afectados, que "en ningún caso serán inferiores al 20% de los rendimientos que se obtengan del funcionamiento de la central".
Para cumplir estos objetivos, la premisa debe ser, según el PSOE, contar con un inventario de todas las concesiones actualmente en vigor y su fecha de caducidad. Por eso, reclama al Ejecutivo que presente este documento al Congreso en un plazo máximo de tres meses.