Fuentes parlamentarias socialistas han avanzado a Europa Press que se está estudiando si finalmente se recurre esta decisión, introducida por el PP a través de una enmienda en el Senado a la Ley de Fomento del Alquiler, para lo cual el texto de recurso deberá presentarse antes del jueves, cuando expira el plazo legal.
En la disposición adicional segunda de dicha normativa se determina que se mantendrán las ayudas de subsidiación de préstamos estatales a la compra o a la rehabilitación que se vinieran percibiendo y las que hubieran sido reconocidas antes del 15 de julio de 2012 y que ya cuenten con la conformidad de Fomento al préstamo, "siempre que éste se formalice por el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley".
Sin embargo, se suprimen el resto de ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda, y también se prohíbe admitir nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda.
APLICADO CON RETROACTIVIDAD.
Ya durante el último debate en el Congreso de la Ley de Fomento del Alquiler la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, argumentó que, "atendiendo a la jurisprudencia del TC" nunca se debería haber producido un cambio de estas características en la legislación, ya que supone aplicar un cambio "con carácter retroactivo", lo que "perjudica a la seguridad jurídica".
Además, este verano se reunió con un grupo de afectados, que podrían acercarse a las 300.000 personas en toda España y que perderán entre 200 y 400 euros mensuales de la ayuda que recibían para pagar una parte de la cuota de su vivienda de protección oficial que tenían reconocida por anteriores planes de vivienda.
"CON NOCTURNIDAD Y ALEVOSÍA".
De la misma opinión es Convergència i Unió (CiU), cuyo portavoz adjunto, Pere Macias, criticó en ese mismo debate parlamentario que se suprimieran "con nocturnidad y alevosía" ayudas públicas "comprometidas con miles de ciudadanos, con entidades públicas y privadas", y criticó que se hubiera aceptado solucionar el conflicto cuando afecta a empresas privadas, pero no para el sector público o el tercer sector.
El diputado catalán llegó incluso a proponer al resto de formaciones de la oposición la posibilidad de presentar un recurso conjunto ante el TC contra la Ley del Alquiler.