En declaraciones a Europa Press, el exministro de Trabajo ha insistido en que, más allá de las limitaciones que el Ejecutivo podría establecer para evitar la venta de productos financieros complejos entre pequeños ahorradores, es necesario encontrar una solución para que los 350.000 tenedores de participaciones preferentes de entidades intervenidas recuperen sus ahorros.
Y es que, según consta en el Memorándum de Entendimiento acordado entre el Gobierno y la Comisión Europea, los bancos que reciban apoyo público no podrán ofrecer a sus clientes canjes en condiciones más favorables que las existentes en el mercado, lo que "en la práctica supondría quitas de más del 70% del valor nominal" de esos títulos.
"Por eso es preocupante que el Gobierno no plantee ninguna solución a los actuales tenedores de preferentes. Es un tema importante", ha reiterado Gómez, quien ha recordado que el PSOE ha presentado una iniciativa parlamentaria para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) estudie "de oficio y uno a uno" cada caso para determinar quiénes son inversores que conocían el riesgo del producto, y quiénes ahorradores "a los que se ha engañado" y que "no deberían asumir pérdidas".
El diputado ha eludido sin embargo valorar las condiciones concretas en las que trabaja el Gobierno de cara al futuro --fijar un mínimo de 100.000 euros para las inversiones iniciales en este tipo de productos complejos u obligar a una declaración de conocimiento de riesgos por el suscriptor--, ya que son detalles en los que se puede o no estar de acuerdo, pero no solucionan el problema ya existente.
CLARIFICAR EL 'BANCO MALO'
Sobre el 'banco malo' que el Gobierno aprobará previsiblemente el viernes para aglutinar los activos tóxicos o peligrosos de las entidades intervenidas, que podría incluso tener autoridad para decretar la liquidación de algunos bancos, entre otras competencias, Gómez ha subrayado que "el tema crucial" es conocer "cómo se va a estructurar" esta entidad y cómo se va a financiar: directamente una vez se constituya, o a través de los bancos que le transfieran los activos, y que serían los que recibirían los fondos públicos.
"En el primer caso, el 'banco malo' estaría capitalizado directamente, y (el Estado) asumiría una participación en la entidad; en el segundo caso, se estarían asumiendo las pérdidas directamente sin ningún tipo de contraprestación (al banco). Así que es un tema muy importante ver cómo se financia y qué papel tiene el Estado, porque de eso dependerá por ejemplo la posibilidad de recuperar en el medio-largo plazo esa financiación", ha apostillado.
NEGOCIARLO EN EL CONGRESO
Precisamente para clarificar estos asuntos, el PSOE ya ha registrado una petición de comparecencia del ministro de Economía, Luis de Guindos, ante la comisión parlamentaria del ramo.
Así, Gómez es optimista con respecto a las posibilidades de que esta comparecencia se sustancie, recordando además que, aunque no fuera así, De Guindos deberá dar de todos modos explicaciones en la Cámara baja durante el debate de convalidación del decreto ley con el que se articularán estas medidas.
Mientras tanto, "siguen pendiente la tramitación" del proyecto de ley de la última reforma financiera, por lo que el diputado socialista también espera que el PP negocie cómo se "encaja" esa normativa con la nueva regulación.