El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que plantea una veintena de medidas para luchar contra el fraude fiscal, con las que asegura que se podrían recaudar hasta 30.000 millones de euros adicionales cada año, que servirían para financiar de forma sostenible el Estado del Bienestar, salir de la crisis evitando nuevos recortes y estabilizar el déficit y la deuda.
El portavoz socialista de Hacienda en la Cámara Baja, Pedro Saura, ha explicado su propuesta en rueda de prensa, haciendo hincapié en que este asunto seguirá siendo un "tema crucial" y "eje importante" de la actuación de su grupo parlamentario durante este nuevo periodo de sesiones.
Y es que creen que en este tema hay "un problema con un nombre propio: Cristóbal Montoro", que "pasará a la historia como el Atila de la Hacienda Pública, porque por donde pasa no crece la hierba", como a juicio de Saura demuestra la pérdida de confianza de la ciudadanía en la "independencia y objetividad" de los informes de la Agencia Tributaria, que se recoge en el último barómetro del Instituto de Estudios Fiscales.
Según el diputado murciano, los cambios en materia de lucha contra el fraude y la elusión fiscal deben comenzar por reestructurar la Agencia Tributaria (AEAT), garantizando una mayor independencia con el nombramiento de su director general a través de una mayoría reforzada de dos tercios del Congreso, así como estableciendo un mandato de seis años para que no coincida con la legislatura.
MÁS EFECTIVOS Y MEDIOS
Además, es necesario que en los próximos cuatro años se duplique el número de efectivos dedicados a la lucha contra el fraude hasta alcanzar los 5.000 empleados entre inspectores, técnicos, administrativos y agentes tributarios. "Así nos situaríamos en la media de los países de mayor tamaño de la UE", ha destacado Saura, apostillando que también sería positivo crear un "sistema retributivo en el que se prime la lucha contra el fraude".
Para conseguir un trabajo más eficaz, los socialistas abogan por crear una Oficina de Lucha contra el Fraude específica que coordine a los diferentes departamentos de la Administración central y las territoriales, y que plantee un plan de formación y especialización para jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, "creando en su caso una policía fiscal".
La Agencia debería contar asimismo con más recursos, lo que sería posible "con sólo cumplir la ley", permitiendo que el 5% de la recaudación bruta derivada de los actos de liquidación reviertan en su actividad de lucha contra el fraude sin necesidad de que el ministro de Hacienda lo autorice como sucede actualmente.
REFORMA FISCAL
El PSOE reclama por otra parte una reforma fiscal que "simplifique los impuestos y elimine deducciones y exenciones", una revisión del régimen de estimación objetiva y una actualización anual de la Ley Antifraude para "corregir los vacíos legales" que se detecten. El Congreso debería recibir además un informe sobre la evaluación de los resultados de esta política cada ejercicio.
Entre las medidas para mejorar la concienciación social contra la evasión fiscal, el principal partido de la oposición incluye la posibilidad de permitir que la ciudadanía conozca la identidad de los contribuyentes que gocen de beneficios tributarios a partir de una determinada cuantía, así como de su importe concreto. E insisten en la necesidad de publicar los nombres de los grandes defraudadores del país, comenzando por los que se acogieron a la 'amnistía fiscal' de 2012.
En relación con este asunto, la propuesta insiste en que se incluya en el Plan de Control Tributario anual de la AEAT los aproximadamente 30.000 beneficiarios de dicha regularización extraordinaria, y que se reformen los procedimientos para poder "perseguir de forma más eficaz" el fraude organizado, modificando incluso el Código Penal para que las condenas "supongan el ingreso efectivo en prisión" de quienes defraudan.
Asimismo, se plantea un cambio en la regulación sobre la responsabilidad solidaria de las instituciones financieras y asesores fiscales que colaboren en la evasión de impuestos y en la comisión de infracciones tributarias.
COLABORACIÓN INTERNACIONAL
El resto de medidas incluidas en la proposición no de ley pasan por reforzar la colaboración internacional en la lucha contra el fraude. Entre otras propuestas, se recoge la de suprimir los billetes de 500 euros y limitar los pagos en efectivo entre empresas y particulares, reduciendo a la par los costes del pago electrónico.
También se plantea impulsar en la UE la creación de una lista negra de paraísos fiscales que esté sujetos a unas sanciones consensuadas entre los estados miembros, tales como la suspensión de los convenios de doble imposición o la imposibilidad de acceder a ayudas o contratos públicos a las empresas localizados en esos estados.
Asimismo, se sugiere la posibilidad de "exigir a las entidades financieras información sobre las empresas y particulares que tengan cuentas e intereses económicos en un paraíso fiscal" e incluso de revocar sus licencias bancarias a las entidades que operen desde esos países.
Por último, se propone instar a la OCDE a que ponga en marcha un nuevo modelo de convenio de doble imposición que "incluya la filosofía de la Ley FATCA, basada en el intercambio automático de información", así como exigir una "información clara y transparente de la contabilidad de las empresas", incluidas las multinacionales.
BATERÍA DE PREGUNTAS
Por otra parte, Saura ha informado del registro de una batería de preguntas relacionadas con este tema, centradas particularmente en el control de la economía digital. Así, el socialista quiere saber si se están tomando medidas para apoyar la 'huella fiscal', de modo que todos los ciudadanos puedan saber "dónde pagan impuestos las empresas on-line", así como "qué normativa fiscal se está aplicando a la adquisición y uso de monedas alternativas como el Bitcoin" para evitar el fraude por esta vía.
Asimismo, los socialistas quieren "conocer la verdad" sobre lo sucedido en la Agencia Tributaria a raíz de la tramitación del expediente sancionador a la multinacional mexicana Cemex, por lo que vuelven a preguntar sobre si alguno de los altos cargos y asesores del Ministerio de Hacienda han trabajado "directa o indirectamente mediante consultoría o asistencia" para la cementera, o si han tenido acceso al recurso y al expediente de la AEAT.
También reclaman que, "en atención a la voluntad de transparencia anunciada en reiteradas ocasiones por el Gobierno", se informe sobre el número de reuniones que Cemex haya mantenido con miembros del Ejecutivo, así como que dé cuenta de si existe interés de participación pública en los planes de implantación en España que la empresa pueda tener.
"¿Cuántos expedientes sancionadores a grandes contribuyentes han rebajado la sanción inicial propuesta tras su revisión por otras instancias? ¿Cuál es la cuantía de las sanciones impuestas a grandes contribuyentes en 2013? ¿Cuántas sanciones se han producido?", añade la pregunta.
Finalmente, los socialistas critican que aún no se haya sustituido a los cargos del departamento de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria que dimitieron o fueron cesados a raíz de ese caso, y preguntan sobre el nombramiento del nuevo director del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la AEAT, para conocer si ha tenido alguna relación con cualquier expediente pericial del caso Gürtel.