Para empezar se pretende impulsar una rebaja en el coste del despido, con contratos que cuenten con 33 días de indemnización (en lugar de los 45 días actuales). Así lo recoge un borrador al que ha tenido acceso Radio Nacional de España.
Además, los despidos se considerarán procedentes si el empresario alega una mala situación económica. En estos casos, la indemnización se reduciría de 45 a 20 días.
Algunos de los conceptos que se manejan en dicha reforma llaman la atención y conviene explicarlos: como la 'flexiseguridad' y la 'cláusula de descuelgue'.
La primera de ellas hace referencia a que el Gobierno quiere apostar por la movilidad geográfica del empleado como una forma, dicen, de separar la parte laboral de la personal.
De esta manera se deja a un lado la negociación colectiva y los trabajadores quedan, en todo momento, a merced del empresario.
La 'cláusula de descuelgue', por su parte, permite a las empresas que consideren que no han obtenido tanto como esperaban a fijar condiciones menos beneficiosas para sus empleados.
Y todo esto sin olvidar el 'contrato único'. Con él todos tendrán las mismas condiciones de partida (eso sí, igualando desde la parte más baja).
Como no hay restricciones en este tipo de contratos, las empresas pueden abusar de ellos llegando, incluso, a hacer trabajar a los trabajadores más horas de las acordadas, sin pagárselas en muchos casos.
Todo esto sin tener en cuenta las bonificaciones y beneficios fiscales que se está planteando el Gobierno para fomentar la oferta de empleo.
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