En un comunicado, CC.OO explica que las negociaciones están "bloqueadas" a pesar de que queda menos de dos meses para conseguir alcanzar un acuerdo e iniciar la aplicación de este impuesto sobre acciones y derivados.
A su parecer, el bloqueo del proceso se debe, sobre todo, a que Francia, Italia y España están intentando limitar los productos financieros que estarían sujetos a gravamen por este impuesto, dejando fuera los derivados y al margen de la posición de Alemania.
Según CC.OO., los ministros de Economía y Finanzas de Francia, Italia y España están dispuestos a dejar de ingresar cerca de 30.000 millones de euros anuales en los 11 países que acordaron una cooperación reforzada para poner en marcha el impuesto, unos ingresos que podrían ser invertidos en políticas sociales, lucha contra la pobreza o bienes públicos globales, ámbitos que han sufrido seriamente los recortes motivados por la crisis.
En concreto, el sindicato afirma que España podría recaudar hasta 4.000 millones con una propuesta más ambiciosa, pero ha decidido ponerse del lado de los bancos en las negociaciones y defiende limitar los productos financieros sujetos a gravamen, de forma que oscilaría entre el 0,1 y el 0,01% de cada transacción, lo que significa que una operación de un millón de euros pagaría tan solo 1 euro.
Organizaciones de la sociedad civil, que se agrupan en varias plataformas nacionales y europeas, y un gran número de sindicatos y confederaciones sindicales europeas consideran "inaceptable" la postura de estos tres gobiernos y la aprobación de un impuesto "debilitado e insignificante".
Ante esta situación, han firmado una declaración en la que dejan claro que no aceptarán que los ministros de Francia, Italia y España rompan su compromiso de gravar los derivados y debiliten la propuesta. CC.OO., por su parte, ha suscrito la declaración en su propio nombre y como miembro de la Plataforma española 'ITF YA, Paraísos Fiscales No'.