En un comunicado, el sindicato ha explicado que la Administración General del Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación emprendieron un camino de vulneración de derechos fundamentales y de la libertad sindical, tras la publicación de la norma por la que se iban a celebrar las primeras elecciones.
Después de las diferentes demandas interpuestas por la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), el Gobierno aprovechó para incluir esta suspensión en el decreto de intervención bancaria (Decreto Ley de 7 julio de 2012) arrogándose la competencia exclusiva en esta materia.