Durante su intervención en el desayuno organizado por Aragón Exterior (Aragonex), Taguas consideró exageradas las estimaciones que apuntan a un excedente de vivienda sin vender de alrededor de un millón de unidades, si bien se reservó "un amplio margen de error" para la suya.
En su opinión el problema para la actividad del sector lo generan las viviendas terminadas sin vender propiedad de promotoras y bancos, mientras que aquellos inmuebles que fueron adquiridos como inversión por parte de particulares no deberían ser motivo de preocupación.
A juicio de quien fuera presidente de la Oficina Económica del Gobierno, la reactivación del mercado residencial sería posible si el Ejecutivo acometiera un plan integral contra la crisis económica, basado en la inversión en infraestructuras y en el incentivo fiscal a la oferta de trabajo, como cuestiones claves para impulsar la actividad y el empleo.
Según explicó, la inversión en infraestructuras es un factor capaz de estabilizar la economía, razón por la que la patronal constructora a la que representa reclama al Gobierno un plan especial al que se destine un presupuesto anual del 1 por ciento de PIB (alrededor de 11.000 millones de euros) durante el tiempo que se estime necesario.
En este sentido, Taguas consideró que no es necesario cambiar un modelo económico cuyo crecimiento ha estado basado en buena medida en la construcción residencial y en la obra pública, dado que "no se puede pretender que la distribución sectorial de la actividad económica española sea como la de los alemanes o los suecos".
En lo que respecta a los incentivos al trabajo, advirtió de que en caso de que no se tomen medidas la tasa de desempleo podría llegar a un nivel máximo del 21,5 por ciento en el primer trimestre de 2011, mientras que de llevarse a cabo las reformas necesarias, dicha tasa tocaría techo en el primer trimestre del próximo año en el 18,5 por ciento.
En concreto, Taguas propone reducir entre un 2 y 4 por ciento los impuestos sobre el trabajo y aumentar entre el 1 y el 2 por ciento el IVA, al tiempo que también se incrementarían los impuestos especiales.
Las dos vías para gravar menos el trabajo son la reducción del IRPF o de las cotizaciones sociales. Esto último conllevaría una reducción de ingresos de la Seguridad Social que Taguas propone compensar destinando al sistema una parte del aumento del IVA, lo que denominó IVA social.
Junto con los incentivos fiscales, el presidente de Seopan ve también necesario impulsar un contrato único de trabajo que compense las diferencias entre la contratación temporal y la indefinida en lo que al coste del despido se refiere, dado que esta dualidad contribuye al deterioro de la productividad.
Con este nuevo tipo de contratación se obtendría una indemnización por despido creciente, que sería de 8 días durante el primer año de contrato, a los que se sumaría 4 días cada año hasta alcanzar un máximo de 24 días por año trabajado.