Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda ha negado las informaciones publicadas en las últimas semanas por el diario 'El País', que a su juicio "afectan al buen nombre y al prestigio" del organismo sin "transmitir una imagen fiel" del trabajo que se está realizando y del proceso "modernizador" llevado a cabo en los últimos años.
Por ello, tras negar cualquier irregularidad, el presidente ha avanzado algunas medidas que pondrá en marcha para "dotar de mayor transparencia" al Tribunal, tales como incrementar la información publicada en la página web sobre los contratos de obras de mantenimiento --incluyendo contratos menores-- y "dotar de transparencia" a todos los nombramientos, publicando los currículos de los adjudicatarios.
Congela la incorporación de personal labora
Además, se dará publicidad a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aprobada en 1989, que fue modificada el pasado mes de mayo para actualizar los perfiles previstos para el personal TIC. "Posiblemente sea necesaria una nueva RPT", ha reconocido el presidente.
En cualquier caso, lo que sí se hará de momento es estudiar la posibilidad de cambiarla para "primar la designación por concurso frente a la libre designación".
También se congelará la incorporación de nuevo personal laboral, se aprobarán unas bases generales de acceso a los Cuerpos Superiores de Letrados y de Auditores y de Técnico de Auditoría y Control Externo, y se fijarán criterios en la composición de los tribunales de selección para "evitar cualquier apariencia de discrecionalidad", primando la participación de funcionarios de cuerpos ajenos al Tribunal.
Auditoría independiente
Y, junto a todo ello, se estudiará la posibilidad de someter "cuanto antes" al organismo fiscalizador a la revisión de una Entidad Fiscalizadora Superior, externa e independiente ('peer review'), que revisará las operaciones y normas del Tribunal de Cuentas, facilitará el "asesoramiento externo e independiente", y "perfeccionará la calidad y la credibilidad del trabajo" del organismo que preside Álvarez de Miranda.
Tras la comparecencia, el presidente ha explicado a los medios que este 'peer review' se aplicará a la gestión corriente actual, aunque ha dejado la puerta abierta a incluir en el Memorándum de Entendimiento que se firme con el organismo fiscalizador la revisión "adicional y excepcional" de "hechos pasados" que las Cortes puedan considerar de interés.
No obstante, ha reconocido que sus propuestas son "personales" y que deberán ser aprobadas y, en su caso, "completadas y ampliadas", por el Pleno del Tribunal.
"Ante noticias como las publicadas debemos recuperar la confianza de la sociedad, y ésta sólo se conseguirá mediante la búsqueda de la excelencia en el desempeño de nuestra labor. Sólo de esta manera, haciendo más con menos recursos y siendo proactivos en el cumplimiento de nuestros fines, seremos capaces de responder a lo que la ciudadanía espera de nosotros. Es necesario que el Tribunal adopte una posición activa para evitar que noticias como las publicadas puedan generar confusión o intranquilidad", ha añadido.
Se ha cumplido la legalidad
En cualquier caso, el presidente del organismo fiscalizador ha negado todas las informaciones sobre presuntas irregularidades publicadas en las últimas semanas. En concreto, ha señalado que no se fraccionaron contratos para pequeñas obras de mantenimiento porque no correspondían a un proyecto general de reforma, sino que antes al contrario se produjeron en diferentes años y hasta en cuatro edificios distintos, y que incluso si se tomaran como un todo no habrían superado el umbral legal que obliga a sacar concurso público.
En su turno de réplica, ha recordado que actualmente este tipo de trabajos ya no se contratan con empresas externas, sino que los realizan funcionarios de la casa o de Patrimonio Nacional en el marco de un programa de modernización de sedes, y ha defendido que si se ha contratado siempre con la misma compañía era porque ya conocía las "dificultades" que entraña un edificio tan viejo como la sede del Tribunal y que además la empresa en cuestión realizaba las obras en vacaciones y fines de semana para no perturbar el trabajo del organismo.
Con respecto a las "insinuaciones de enchufismo y nepotismo" en la incorporación de personal al Tribunal, Álvarez de Miranda ha asegurado que todas las contrataciones se realizaron "con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos" por la Función Pública, y que para ello se emplearon "procesos selectivos públicos y con tribunales calificadores" constituidos conforme a la normativa vigente.
Finalmente, ha asegurado que los trabajadores que desarrollan labores informáticas cumplen los requisitos exigibles para cualquier otra Administración "e incluso superiores" y ha diferenciado a estos funcionarios del personal laboral que "desarrolla tareas auxiliares" y que sí tiene menores requisitos de conocimientos. "Y para ser funcionarios (de este ámbito), las plazas están limitadas a funcionarios pertenecientes a Cuerpos de Tecnologías de la Información y la Comunicación", ha apostillado.
Modernizar el tribunal
"Se pretende proyectar una imagen de un Tribunal de Cuentas ineficiente, de escasa cualificación profesional y que gestiona irregularmente los recursos públicos asignados, y lo que es peor, con falta de independencia e imparcialidad. Creo que no se transmitiría la imagen fiel si no defendiera el trabajo que se está realizando para modernizar la institución y asumir los retos que se plantean", ha continuado.
En este sentido, ha asegurado que en los dos años que lleva como presidente ha destinado "parte muy importante" de sus esfuerzos a reorganizar los servicios, simplificar procedimientos y aumentar la transparencia, beneficiándose particularmente de la administración electrónica, y ha hecho hincapié en sus resultados, que han permitido, "dentro de una política de austeridad", ahorrar un 22% en los gastos ordinarios e incrementar un 50% los informes aprobados, poniéndose al día en la mayoría de procedimientos.
Por último, ha lamentado que las informaciones publicadas "impidieron que se materializara" un acuerdo con los sindicatos para modificar el convenio colectivo para el personal laboral, acuerdo "beneficioso" para el Tribunal y sus trabajadores ya que habría permitido "converger con el vigente en la Administración General del Estado, reduciendo las categorías profesionales y permitiendo la movilidad horizontal dentro del mismo nivel de cualificación".